En medio de la conmoción generada por el trágico fallecimiento de una joven estudiante llamada Dafne dentro de un plantel militarizado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha emitido una declaración oficial acerca de su rol y capacidades en relación a estas instituciones. La controversia se centra en la capacidad de supervisión y regulación que la Sedena tiene sobre estos entes educativos. A través de un comunicado, la Sedena enfatizó que no tiene autoridad para inspeccionar o regular este tipo de academias, apuntando al Reglamento Interior que delimita sus facultades dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2008.
Este comunicado respondía a críticas que planteaban que la Sedena gestionaba los planteles militares involucrados, provocando confusión sobre su verdadero papel. Se reitera que no existe relación formal con la Academia Militarizada Marina Doenitz, ni con cualquier otro instituto de características similares. La Sedena subrayó que su mandato, según las disposiciones vigentes, no incluye la administración o supervisión de escuelas militarizadas privadas que han proliferado en el país.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo, la senadora Guadalupe Chavira del partido Morena, ha tomado cartas en el asunto, asegurando que se llevará a cabo una revisión exhaustiva del Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar. Este marco regulatorio lleva más de ochenta años sin modificaciones, lo que según varios legisladores ya no se adecúa a las necesidades actuales de supervisión y seguridad.
Chavira hizo hincapié en la urgente necesidad de legislar sobre las actividades extracurriculares que estas academias planifican, como los campamentos de verano y las prácticas conocidas como ‘novatadas’, las cuales, según las críticas, mantienen un potencial significativo para poner en riesgo la integridad física de los estudiantes. La muerte de Dafne, que está bajo investigación por un posible caso de asfixia bajo el agua, marcó un punto de inflexión que, conforme palabras de Chavira, debe estimular tanto la reflexión como la acción regulatoria proactiva.
El pronunciamiento de Chavira se presenta como una promesa de futuro cambio legal que busca alinear estas academias con estándares más estrictos de seguridad y responsabilidad. En un contexto donde el compromiso de proteger la integridad de los menores es prioritario, el anuncio de modificaciones legislativas se perfila como una pieza clave en la respuesta oficial a la tragedia ocurrida, reflejando una nueva dirección en el enfoque gubernamental hacia la educación con orientación militarizada.
