La Fiscalía General de la República (FGR) ha comunicado avances significativos en su investigación acerca de la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar. Según los últimos informes, las diligencias preliminares señalan predominantemente al suicidio como causa probable del fallecimiento del legislador, encontrado sin vida el pasado 4 de septiembre. Este anuncio, sin embargo, no cierra el caso, y las pesquisas continuarán abiertas a la posibilidad de otros móviles, buscando un esclarecimiento completo.
El cuerpo de Zenyazen Escobar fue hallado en el interior de su vehículo en La Gloria, un municipio de Puente Nacional, Veracruz. El legislador presentaba una herida de arma de fuego, y en el automóvil se localizó un revólver. Hasta el momento, las investigaciones preliminares de la escena del crimen no han detectado signos evidentes de violencia externa, lo que refuerza la hipótesis de un suicidio, según los peritos de la FGR.
La Fiscalía General de la República ha tomado el mando de esta investigación, dada la condición de legislador federal del difunto. Bajo la dirección de Ernestina Godoy, la FGR ha coordinado más de 150 actos de investigación y peritaje desde que asumió el caso. Este despliegue exhaustivo de recursos apunta a una determinación clara de las causas del deceso del diputado, garantizando que se contemplen todas las posibles explicaciones.
En paralelo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, mencionó en conferencia de prensa que no existían indicios de un ataque deliberado o atentado en contra del diputado Escobar. Ahued reiteró que el disparo fue realizado dentro del vehículo y que la FGR, al asumir el caso, fortalecería las indagaciones para determinar las circunstancias del disparo y los eventos que llevaron a la muerte del legislador.
A pesar de la conmoción generada por el caso, la Cámara de Diputados decidió no emprender su propia investigación, confiando en la competencia de la FGR. Los diputados han acordado esperar pacientemente el informe final de la Fiscalía para basar cualquier acción legislativa pertinente. Esta postura preserva la independencia de las investigaciones penales y prioriza los resultados de las averiguaciones existentes ante cualquier interpretación política prematura.
