La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ha lanzado una acusación explosiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, señalando que ordenó la eliminación de pruebas críticas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este suceso, según Godoy, tuvo lugar durante una reunión de alto nivel donde Aguirre instruyó a funcionarios de su administración a borrar cualquier evidencia grabada la noche del 26 de septiembre de 2014.
Godoy expuso estos detalles en un mensaje difundido a través de las redes sociales de la Fiscalía General de la República (FGR). En dicho mensaje, relató que las cámaras de seguridad 12 y 15, situadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala, captaron el momento en que los estudiantes fueron detenidos por elementos de las fuerzas policiales locales. Sin embargo, estos materiales habían sido oficialmente declarados inexistentes, una declaración que más adelante se verificó como incorrecta durante investigaciones posteriores.
Después de más de una década desde la frustrante desaparición de los estudiantes, un colaborador que anteriormente no había sido identificado confesó a las autoridades que las grabaciones no solo existían, sino que habían sido confiscadas y entregadas al entonces gobernador Ángel Aguirre. Presuntamente, este último habría intimidado al colaborador para silenciar dicha información, lo que resultó en un retraso considerable antes de que saliera a la luz.
Otro testigo protegido amplió estas revelaciones al indicar que, en mayo, Aguirre convocó una reunión con figuras de alto rango de su gobierno para ordenar la eliminación de toda prueba que pudiese comprometerlo, relacionadas directamente con lo que aconteció en los alrededores del Palacio de Justicia. Las afirmaciones de estos testimonios formaron parte del razonamiento de Godoy para justificar la reciente captura de Aguirre.
El exgobernador fue finalmente aprehendido en el Estado de México este jueves, enfrentando cargos por delitos que incluyen el atentado contra la administración de justicia y la desaparición forzada de personas. Cabe recordar que en 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre una creciente tensión entre Aguirre y los normalistas, haciendo alusión a un conflicto ocurrido en 2011 en la Autopista del Sol. El caso de Ayotzinapa había llevado previamente a Aguirre a pedir licencia para alejarse de su cargo gubernamental en octubre de 2014, tras un mes de fuertes presiones para su renuncia.
