El Congreso de la Ciudad de México ha hecho un llamado a intensificar el combate contra el delito de despojo, un fenómeno delictivo que ha ido en aumento en los últimos años. Las autoridades legislativas han identificado la urgente necesidad de realizar modificaciones en el marco legal vigente, con el objetivo de proporcionar a las instituciones encargadas de su investigación y sanción, herramientas más efectivas para enfrentar este problema que afecta a la población capitalina.
Durante una reciente sesión, Lizzette Salgado Viramontes, diputada del Partido Acción Nacional, expresó su inquietud ante la ineficacia de las reformas implementadas en noviembre de 2025. A pesar de la creación de un gabinete especializado para abordar el despojo, los números siguen siendo preocupantes. Desde el año 2020, se han contabilizado más de 25 mil casos, de los cuales menos del 2% han logrado culminar en una resolución judicial, un dato que refleja la ineficacia del sistema actual.
Salgado subrayó que esta situación representa un fallo del Estado en su deber fundamental de salvaguardar la certeza jurídica y la protección del patrimonio de los ciudadanos. En este contexto, instó a las diversas instancias de seguridad, así como a los órganos de gobierno y justicia, a adoptar medidas más contundentes para no solo proteger a las víctimas, sino también para investigar a los funcionarios y notarios que puedan estar involucrados en estas prácticas irregulares.
El legislador Paulo García, integrante del grupo parlamentario de Morena, se unió al llamado para reforzar las acciones contra el despojo, haciendo hincapié en que las denuncias deben traducirse en acciones concretas y resultados palpables. García abogó por una política de «cero impunidad» que se aplique de manera rigurosa a todos aquellos que colaboren con las redes del despojo, sin distinción de su función pública o privada.
Además, los diputados Mario Enrique Sánchez y Xóchitl Bravo coincidieron en la importancia de una colaboración más estrecha entre las alcaldías y el Gabinete de Seguridad, sugiriendo que se revise a fondo el marco normativo para fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de Justicia. Bravo propuso que los módulos de atención legislativa sirvan como espacios para recibir y acompañar a las víctimas de despojos, reconociendo que los delitos se concentran en demarcaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc, aunque no son exclusivos de estas zonas.
