Alejandro Moreno, senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) que retire el registro como partido político a Morena. Moreno basa su exigencia en recientes acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos que implican a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Enrique Inzunza, senador, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios en presuntos vínculos con el crimen organizado.
Moreno argumentó que, ante estas graves acusaciones, Morena no debería participar en las próximas elecciones, subrayando que la relación con el crimen organizado compromete su legitimidad como partido político. En una conferencia de prensa desde el Senado de la República, afirmó: ‘Nosotros habremos de solicitar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena porque no es un partido político, es un cártel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón: porque ellos tienen al crimen organizado de su lado.’
El senador recordó que previamente había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y señaló que ‘el tiempo nos dio la razón’. Esta declaración se produce después de que el gobierno de Estados Unidos publicara un documento judicial en el que describe una presunta red de complicidad entre Rubén Rocha Moya y otros funcionarios con ‘Los Chapitos‘ para interferir en las elecciones de 2021.
Entre las acusaciones, se destaca que Enrique Díaz Vega, entonces secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, habría entregado una lista con nombres de rivales políticos de Rocha Moya para intimidarlos o secuestrarlos antes de la elección. Asimismo, se indica que el gobernador sostuvo encuentros con líderes del grupo para acordar apoyo político a cambio de permitir sus operaciones en el tráfico de drogas en dicha entidad. El documento añade que la organización criminal también estuvo involucrada en el robo de urnas y la desaparición de boletas electorales para asegurar la victoria de Rocha Moya.
Ante estos señalamientos y la solicitud de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido que se requieren pruebas claras para actuar. Reiteró que ni ella ni su movimiento protegerán a personas involucradas en delitos, siempre y cuando existan los elementos que acrediten responsabilidad. Sin embargo, advirtió que, si no se presentan pruebas sólidas, consideraría la imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como un asunto político. En su declaración afirmó: ‘Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana (…) deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.’
