Claudia Sheinbaum, durante una reciente declaración, expresó su opinión sobre la situación financiera relacionada con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), afirmando que el capital nunca será completamente saldado. Según sus palabras, los pagos realizados corresponden mayormente a intereses, y parte de estos se cubren mediante la adquisición de nueva deuda. En este contexto, la funcionaria anunció que la Secretaría de Hacienda se encuentra preparando un análisis sobre el estado actual del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), entidad que asumió las funciones del Fobaproa en 1999.
Los datos revelan que, hasta julio de este año, los pasivos del IPAB alcanzaron más de 1.165 billones de pesos, lo que se traduce en aproximadamente 8,964 pesos por cada uno de los 130 millones de ciudadanos que habitan en México. A esta cifra se suma una considerable cantidad de 35,852 millones de pesos destinados a programas de apoyo para deudores. En términos de intereses, se estima que hasta abril de 2025 se habrán pagado más de 2.03 billones de pesos, lo que representa un costo adicional de 15,615 pesos por persona, llevando el total a cerca de 25,000 pesos por habitante.
El Fobaproa fue establecido en 1990 bajo la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en un contexto de crisis bancaria que se intensificó en diciembre de 1994. A partir de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo utilizó los recursos del fondo para inyectar capital a las instituciones bancarias. En 1998, el Congreso aprobó que los pasivos del Fobaproa se convirtieran en deuda pública, sumando alrededor de 552,000 millones de pesos, un proceso que formalizó compromisos que el gobierno ya había asumido tres años antes.
Desde 1995, se han manifestado voces críticas en contra del rescate bancario financiado con recursos públicos. Una de ellas es la del columnista Eduardo Ruiz-Healy, quien ha sido un férreo opositor a la utilización de fondos del Estado para rescatar a los bancos. Ruiz-Healy argumentó que, aunque la protección de los depósitos y el sistema de pagos era necesaria, los sacrificios recaían desproporcionadamente sobre la población en general, favoreciendo a un pequeño grupo de cuentahabientes que poseían la mayoría de los ahorros.
En el ámbito político, la historia del Fobaproa ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva, especialmente por las incongruencias de ciertos actores. En 2022, Ruiz-Healy criticó la postura de Ignacio Mier, quien apoyó el rescate en su momento como miembro del PRI, pero luego lo calificó de saqueo. Ahora, Sheinbaum enfrenta la tarea de demostrar que los pasivos no han disminuido y que las proyecciones de pago a largo plazo han cambiado, mientras que la discusión sobre la rendición de cuentas continúa vigente.
