En un acto significativo para la administración pública, la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó el 4 de agosto de 2026 un decreto enfocado en la transparencia gubernamental. Este nuevo marco normativo tiene como objetivo primordial mejorar el acceso a la información pública en todas las entidades del Gobierno de México. Sheinbaum destacó que esta iniciativa no solo se alinea con lo estipulado en la Constitución, sino que también busca elevar los estándares de transparencia en la gestión pública.
Durante la presentación del decreto, la mandataria explicó que su propósito es garantizar que la información del Gobierno esté accesible para la ciudadanía, limitando las excepciones a situaciones específicas como la seguridad nacional y las investigaciones judiciales en curso. Esta medida está diseñada para reforzar la confianza de la población en las instituciones, al asegurar que los datos del gobierno estén disponibles para quienes los requieran, siempre con el resguardo de la información personal de los ciudadanos.
El decreto también introduce cambios significativos en la manera en que se maneja la información pública, buscando eliminar la discrecionalidad que actualmente poseen los servidores públicos sobre qué datos se divulgan y cuáles se mantienen en reserva. Ahora, se establecerán criterios claros y específicos que determinarán qué información debe ser accesible y qué datos podrán ser considerados confidenciales, promoviendo así una mayor claridad y responsabilidad en la gestión de la información.
Además, la presidenta anunció que se prevé un fortalecimiento de las plataformas de transparencia en un plazo de un mes, con el fin de facilitar aún más el acceso de la población a la información pública. Este esfuerzo se enmarca dentro de una política más amplia de rendición de cuentas, donde se busca que la información no solo esté disponible, sino que también sea fácilmente consultable por los ciudadanos.
Con esta firma, Sheinbaum reafirma su compromiso hacia una administración más abierta y responsable, donde el acceso a la información se convierta en una herramienta clave para el empoderamiento ciudadano. La implementación de este decreto será fundamental para fomentar un entorno más transparente y participativo, donde la población pueda ejercer su derecho a saber sobre la gestión y decisiones del gobierno.
