La situación del robo de combustibles en México, conocido como huachicol, ha alcanzado un nivel alarmante, reflejando el deterioro más significativo en los últimos ocho años. Según el informe financiero más reciente de Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Juan Carlos Carpio Fragoso, la pérdida operativa ocasionada por la sustracción ilegal de crudo, gasolina, diésel y turbosina asciende a 9 mil 180 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año, marcando el impacto más grave desde el año 2018.
Esta cifra, que representa una pérdida diaria de aproximadamente 101 millones de pesos, muestra un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar de las acciones implementadas por las autoridades para contrarrestar el huachicol y el contrabando, el problema persiste, como se detalla en el informe. Las consultas realizadas por EL UNIVERSAL a Pemex sobre las medidas adoptadas para combatir esta situación no obtuvieron respuesta.
Expertos en la materia, como Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, han señalado que la sustracción ilegal de combustibles no solo perjudica las ventas de Pemex, sino que además alimenta un mercado negro, donde algunas gasolineras ofrecen precios significativamente inferiores a los del mercado oficial. Juárez Cuevas mencionó que la complicidad de ciertos funcionarios y sindicatos en este delito es un factor que agrava la situación, ya que se reportan irregularidades en las terminales de almacenamiento y en la contabilización de los productos petroleros.
La empresa estatal también se enfrenta a un fenómeno denominado huachicol fiscal, que implica el contrabando de combustibles mediante fracciones arancelarias que permiten eludir impuestos. Este delito ha evolucionado hacia tácticas más complejas, como la evasión fiscal y la manipulación de cadenas logísticas, según el análisis de Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy. A pesar de las acciones del gobierno, como decomisos y detenciones, la sustracción de hidrocarburos continúa afectando gravemente las finanzas públicas del país.
Díaz Ibarra subrayó que cada litro de combustible vendido de manera ilegal significa una pérdida triple para México: se pierde el valor del producto para Pemex, se evade el pago de impuestos esenciales y se restringe la capacidad de inversión en infraestructura y refinación. Esta situación no solo afecta a la empresa, sino que también repercute en el presupuesto nacional, limitando los recursos disponibles para inversión pública. Además, la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación sobre el huachicol fiscal, que involucra a altos funcionarios, pero hasta el momento no se han tomado acciones decisivas en relación a las acusaciones. Pemex también enfrenta otros desafíos operativos, como la disminución en la producción de petróleo y una deuda acumulada de 100 mil millones de dólares.
