Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue arrestado el jueves por estar presuntamente involucrado en una red de ‘huachicol’ fiscal, según lo reportado por la Fiscalía General de la República (FGR). Esta red criminal involucra a una veintena de individuos y múltiples empresas, todos acusados de diversos delitos relacionados. La detención ocurre tras una serie de eventos jurídicos que llevaron a la aprobación de la orden de arresto.
A finales de junio, específicamente el día 22, la FGR presentó una solicitud para emitir órdenes de aprehensión contra 23 individuos conectados a este caso. No obstante, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, Mario Elizondo Martínez, inicialmente rechazó la solicitud. El juez consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público federal eran insuficientes para confirmar los delitos en cuestión.
Pese al rechazo inicial, la FGR persistió y el 13 de julio presentó una nueva solicitud de detención, en la cual se incluyó al exgobernador panista Ruffo Appel y otra persona adicional. En esta oportunidad, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien fue electa recientemente y adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, aprobó la orden de arresto.
La jueza Ramírez de la Vega, quien estaba de guardia en el momento de la presentación de la nueva solicitud, no solo autorizó la orden de aprehensión, sino que también dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Ruffo Appel y los demás involucrados. Esta decisión se basó en la gravedad de los delitos imputados y en asegurar que los acusados permanezcan a disposición de las autoridades durante el proceso.
En su orden, la jueza dejó claro que la resolución del caso será competencia del juez Mario Elizondo Martínez, quien llevará a cabo el proceso penal. Mientras tanto, la concedida orden de aprehensión y la medida cautelar han sido vistas como pasos significativos en el avance del caso judicial contra el exgobernador y los demás acusados.
