El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, participó ayer en la conferencia matutina donde abordó el inicio de acciones legales y civiles emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con analistas consultados, esta medida representa la apertura de una posible crisis diplomática de gran magnitud entre México y su vecino del norte, lo que podría derivar en consecuencias desfavorables para los connacionales que residen o intentan cruzar hacia territorio estadounidense. Las denuncias penales, presentadas ante el Departamento de Justicia, así como las querellas civiles dirigidas a las corporaciones privadas responsables de la operación de estos centros, son vistas con escepticismo en cuanto a sus probabilidades de éxito, que los expertos califican como prácticamente nulas.
Arlene Ramírez Uresti, reconocida internacionalista, opinó que la vía más adecuada para abordar este tipo de violaciones sería escalar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque reconoció que incluso en esa instancia el panorama es complicado. Según Ramírez Uresti, México enfrenta varios pendientes en la Corte relacionados con la crisis migratoria, y subrayó que el país se encuentra en una posición de desventaja por no haber cumplido plenamente con las convenciones internacionales y la garantía de seguridad que el Estado debe proveer a las personas migrantes. “México está muy mal parado en el tema migratorio”, declaró la especialista, resaltando la debilidad de la posición nacional ante organismos internacionales.
La doctora Ramírez Uresti agregó que entablar litigios en un entorno político estadounidense dominado por el Partido Republicano, caracterizado por una retórica hostil hacia los países de origen de los migrantes, puede resultar contraproducente para México. “Hacerlo en este tenor, con una conversación tan complicada con EU para pedir un cambio a la administración, difícilmente, porque estamos peleando con el gobierno de Estados Unidos y queremos que inserte una petición humanitaria cuando evidentemente no tenemos hoy el derecho de picaporte que deberíamos tener”, explicó. En su opinión, la Cancillería mexicana estaría perdiendo de vista las posibles repercusiones, y advirtió sobre un efecto boomerang que podría revertirse en contra del propio gobierno mexicano.
Por su parte, Sebastián Godínez Rivera, politólogo de la UNAM, coincidió en que la estrategia jurídica emprendida por México carece de un andamiaje técnico sólido que garantice el éxito en las cortes federales estadounidenses, citando el antecedente de las demandas contra las empresas armeras como ejemplo de la dificultad para obtener resultados favorables. Godínez Rivera sostuvo que “el oportunismo ha usado o ha tergiversado la soberanía como sinónimo de Morena y del oficialismo”, insistiendo en que cualquier acción legal debe estar respaldada por pruebas contundentes y una capacidad real de confrontar a los señalados, de lo contrario, advirtió, estas acciones pueden convertirse en meros recursos mediáticos que terminan debilitando la credibilidad y la capacidad de acción del Estado mexicano.
Asimismo, Ramírez Uresti consideró que la estrategia actual de confrontación solo beneficia políticamente a Donald Trump en el contexto estadounidense, sin ofrecer soluciones reales a la crisis migratoria ni posicionar a México de manera ventajosa en la escena internacional. “No posiciona a México, no soluciona el problema, no aclara la situación. Esta estrategia abre un frente nuevo y al final el beneficiado va a ser Donald Trump”, puntualizó. En este contexto, los analistas advierten que el enfoque adoptado por la Cancillería podría tener efectos contraproducentes y recomiendan repensar la estrategia para evitar un deterioro mayor en la relación bilateral con Estados Unidos y en la protección efectiva de los derechos de los migrantes mexicanos.
