Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por una jueza federal tras ser acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso Agronitrogenados. La audiencia, que se prolongó durante 14 horas, se centró en la transferencia de más de 2 millones de dólares procedentes de una cuenta en el extranjero, utilizando una empresa fantasma como intermediaria. La jueza Nora Ileana García Peralta concluyó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal en su contra, derivado de los señalamientos por lavado de dinero y la supuesta triangulación de recursos ilícitos.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un total de 54 pruebas que buscan demostrar la implicación de Gilda Lozoya en la recepción y manejo de fondos provenientes de presuntos sobornos entregados a su hermano Emilio Lozoya, entonces director de Pemex. Estas transferencias estarían ligadas a la compraventa de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México y de Alonso Ancira, quien es señalado como el principal operador de la transacción. La FGR sostiene que la estructura financiera utilizada permitió ocultar el origen y destino final de los fondos.
La investigación complementaria fue fijada en un plazo inicial de cuatro meses por la jueza, aunque este periodo podría ser ampliado a solicitud de la FGR si se considera necesario para recabar mayores pruebas. Según la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Lozoya figuraba como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited. Esta entidad habría servido como vehículo para la recepción y el posterior movimiento de recursos entregados por Alonso Ancira, en el contexto de la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes, lo que constituye uno de los ejes de la acusación.
Las indagatorias detallan que Tochos Holding recibió al menos cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, provenientes de una empresa controlada por Alonso Ancira. Información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que estos fondos habrían sido utilizados por Emilio Lozoya para adquirir propiedades en el Desarrollo Quinta Mar en Ixtapa-Zihuatanejo, así como en la exclusiva zona de Lomas de Bezares en la Ciudad de México. La adquisición de una de estas residencias fue gestionada por el abogado Juan Carlos Quintana Serur, entonces secretario del consejo de administración de Altos Hornos de México.
Por su parte, la defensa de Gilda Lozoya logró que enfrente el proceso en libertad, ya que la FGR no pudo acreditar ante la juez el riesgo de que la acusada se diera a la fuga. La jueza García Peralta cuestionó el actuar de la Fiscalía, señalando que no se realizaron las notificaciones y citatorios legales desde junio de 2023, ni se informó adecuadamente al representante legal de la acusada. Como medidas cautelares, Gilda Susana Lozoya entregó su pasaporte, aceptó portar un dispositivo de rastreo electrónico y tiene estrictamente prohibido abandonar el país o el área metropolitana del Valle de México mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.
