En medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y México, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha lanzado una advertencia contundente respecto a la presunta colusión de altos funcionarios mexicanos con organizaciones delictivas. El director de la DEA, Terance C. Cole, compareció ante el Senado estadounidense el 12 de mayo, como parte de una serie de audiencias destinadas a evaluar y fortalecer políticas de combate al narcotráfico.
En su intervención, Cole destacó la atención que actualmente se le está dando al nexo entre narcotraficantes y funcionarios públicos en México. ‘No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención’, subrayó Cole, aludiendo específicamente a las acusaciones recientes del Departamento de Justicia dirigidas contra figuras públicas de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha.
Las declaraciones de Cole llegaron en un contexto cargado de retórica y acciones políticas. En la misma sesión del Senado, el senador John Kennedy extendió elogios al Gobierno de Donald Trump por su enfoque hacia el narcotráfico, contrastando estas acciones con la política del anterior gobierno mexicano titulada ‘Abrazos, no balazos’. Estas observaciones reflejan una percepción crítica sobre la eficacia de las estrategias previas en contra del crimen organizado.
El Gobierno de México, sin embargo, ha respondido de manera contundente a estas acusaciones. En una conferencia de prensa, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que hasta el momento no se han recibido pruebas concluyentes por parte de Estados Unidos contra Rocha. A su vez, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, puntualizó que los documentos presentados no sustentan la supuesta conspiración en la que estaría involucrado el gobernador.
Mientras continúan las investigaciones sobre la posible implicación del gobernador Rubén Rocha, quien ha solicitado una licencia para facilitar las indagaciones, el Gobierno de México ha reiterado su postura en contra de cualquier operación extranjera no autorizada en su territorio. Omar García Harfuch, destacando la soberanía nacional, desmintió informes sobre la presunta participación de agencias extranjeras en operaciones encubiertas, asegurando que la seguridad interna es un asunto estrictamente manejado por las autoridades mexicanas.
