La implementación anticipada del cierre del ciclo escolar 2025-2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha llevado a una notable fragmentación en el sistema educativo de México. La instrucción que adelanta el fin de clases al 5 de junio, justificada por las condiciones logísticas vinculadas a la Copa del Mundo 2026 y la ola de calor, ha dividido a las entidades federativas del país en cuanto a su adhesión o resistencia a esta medida.
Algunos estados, como Chihuahua, han decidido alinearse con el calendario propuesto por el gobierno federal, citando razones de salud y seguridad ante las elevadas temperaturas previstas para los meses de junio y julio. La administración de María Eugenia Campos ha instruido que el sistema educativo de su estado concluya clases en la fecha indicada, planeando además un programa de reforzamiento educativo intensivo para finales de agosto, asegurándose de que el aprendizaje no se vea afectado significativamente.
Sin embargo, otras entidades, como Jalisco y Guanajuato, han adoptado una postura más crítica. En Jalisco, la decisión del gobernador es mantener abiertas las escuelas hasta el 30 de junio, limitándose a cerrar solo durante los días en que la ciudad de Guadalajara será sede de partidos del evento deportivo. Este desacuerdo se justifica en la creencia de que la educación de los estudiantes debe ser prioritaria sobre cualquier otro tipo de interés.
La gobernadora de Guanajuato, además, ha subrayado que el cierre anticipado crea problemas considerables para las familias, sobre todo para aquellas donde madres trabajadoras dependen de la continuidad escolar para cumplir con sus obligaciones laborales. La reducción del calendario escolar, argumentan, incrementa la carga de cuidados no remunerados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, una situación que se denuncia como un regreso a la desigualdad exacerbada durante la pandemia de COVID-19.
Diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación por el sesgo de género que implica el adelanto del cierre escolar. Estas entidades destacan que al priorizar un evento deportivo por encima de la educación, no sólo se afecta el derecho al aprendizaje sino que además se invisibiliza la indispensable labor de cuidados no salariales en la estructura familiar mexicana. La crítica es contundente: la educación pública en México no debe estar condicionada por acuerdos comerciales ni ser sacrificada por eventos deportivos internacionales.
