La renuncia de César Jáuregui Moreno del cargo de fiscal en el estado de Chihuahua ha suscitado un amplio debate tras los sucesos que involucran la presencia y posterior fallecimiento de agentes estadounidenses supuestamente vinculados a la CIA en la localidad de Morelos. Estos eventos ocurrieron en el marco del desmantelamiento de laboratorios dedicados al tráfico de drogas, situación que ha colocado a las autoridades locales bajo el escrutinio de la opinión pública.
En una rueda de prensa, Jáuregui explicó su decisión de apartarse del cargo, basándola en el principio de transparencia y la necesidad de que la investigación sobre estos incidentes continúe sin obstrucciones. Afirmó que su administración siempre se ha guiado por el compromiso de proteger a la sociedad y enfrentar con firmeza al crimen organizado; sin embargo, admitió que este compromiso también debe respetar la legalidad y soberanía nacionales. Fue explícito al reconocer omisiones relacionadas con la información y la gestión que tenían que ver con los fallecimientos de los agentes extranjeros, indicando que una investigación detallada es necesaria para esclarecer su participación en estos eventos.
Los comentarios del exfiscal también reflejan una postura autocrítica, al manifestar que las fallas en los mecanismos de control de información que debían haberse asegurado bajo su gestión, contribuyeron a la controversia actual. Jáuregui enfatizó que aunque la eficacia en la lucha contra el crimen organizado es crucial, esta no debe menospreciar los protocolos legales y las normativas de colaboración internacional. Subrayó que los resultados, por importantes que sean, nunca pueden justificar actuaciones al margen de la ley, asumiendo así una responsabilidad política por las irregularidades.
Respecto a los mecanismos de transición en la Fiscalía, señaló que su salida está orientada a facilitar una investigación autónoma y rigurosa, que determine cada responsabilidad e impulse la restauración de la confianza pública en la institución. A pesar del interés por conocer el nombre de su sucesor, Jáuregui declinó apuntar sucesores, afirmando que esta responsabilidad recae sobre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
A raíz de los acontecimientos, la fiscal Wendy Chávez aportó detalles sobre la participación de los agentes estadounidenses en el convoy. Indicó que estos no formaron parte oficial del operativo institucional, y su presencia no fue comunicada a niveles superiores. Resaltó que su involucramiento fue limitado y reservado, sin un rol operativo directo, más allá de actos en cooperación con ciertos mandos de la Agencia Estatal de Investigación. Relató que estas personas, sin exhibir credenciales oficiales ni armamento, se mantuvieron en celosa reserva durante la misión. La procuración de justicia en el estado continuará en coordinación con autoridades federales para aclarar los hechos y establecer cualquier tipo de vínculo no oficial entre la CIA y las autoridades locales.
