El reciente fallecimiento de dos supuestos empleados de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua ha desatado una serie de investigaciones que buscan esclarecer si se trataba de operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Este hecho, reportado por el diario estadounidense The Washington Post, ha provocado una reacción imediata en el gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que se han iniciado investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la presencia de estos individuos en territorio mexicano.
La incertidumbre se ha intensificado, especialmente tras las declaraciones de Sheinbaum que apuntan a la posibilidad de una operación conjunta entre las autoridades locales de Chihuahua y una agencia internacional, lo cual no estaría permitido sin el conocimiento y la aprobación del ejecutivo federal, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional. En sus declaraciones, la presidenta subrayó que cualquier colaboración con agencias estadounidenses debe restringirse al intercambio de información, sin incurrir en acciones conjuntas en suelo mexicano.
Sheinbaum indicó que, de confirmarse cualquier violación a la normativa, se tomarán medidas inmediatas, pidiendo cuentas tanto al gobierno estatal de Chihuahua como a la administración federal de Estados Unidos, liderada por Donald Trump. Esta situación se presenta en un contexto complejo, dado que ya existen temas delicados en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y cualquier operación no autorizada podría enturbiar aún más las relaciones bilaterales con el vecino del norte.
En sus comentarios, la presidenta reiteró la importancia de adherirse estrictamente a los lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional, subrayando que cualquier actividad en territorio mexicano por parte de Estados Unidos debe ser legalmente sustentada y supervisada. Este caso específico ha puesto de relieve la necesidad de revisiones contextuales a las operaciones transnacionales realizadas en México, con el fin de mantener la soberanía e integridad de las leyes locales.
El cambio de la versión oficial por parte del fiscal estatal de Chihuahua también ha contribuido al aumento de sospechas. De acuerdo con la presidenta, esta modificación en las declaraciones ha obligado a las autoridades a enfocar sus esfuerzos en averiguar si hubo colaboración no autorizada entre el gobierno estatal, de inclinación panista, y entidades estadounidenses, lo que podría constituir una violación a la Constitución. Los resultados de esta investigación podrían tener repercusiones significativas en la política interna y las relaciones exteriores de México.
