En un hecho que está acaparando la atención pública, un juez ha dictado órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y catorce agentes de la Policía Estatal. Estas órdenes están relacionadas con su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en abril de 2017.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha confirmado la existencia de estos mandamientos judiciales, los cuales se emiten bajo la presunción de responsabilidad en delitos graves como homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad por parte de Silvano Aureoles, Juan Bernardo Corona y los policías involucrados. Los hechos se remontan a un incidente en el que la policía estatal se enfrentó a miembros de la comunidad purépecha, causando la muerte de cuatro personas, incluyendo un menor de edad, y resultando en varios heridos y detenidos.
Previamente, Silvano Aureoles ya enfrentaba una orden de aprehensión por el desvío de fondos públicos relacionados con la construcción de cuarteles de la Guardia Civil, sumándose ahora esta acusación que añade más tensión al panorama legal del exgobernador. Entre los ya detenidos por el caso de desvío de recursos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, quienes trabajaron en su administración.
El operativo en Arantepacua, llevado a cabo para recuperar vehículos retenidos por las comunidades indígenas en un conflicto territorial, derivó en el altercado mortal. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no solo se trató de una operación violenta sino de una acción que incluyó cateos ilegales y violaciones a derechos humanos, documentadas en la recomendación 42VG/2020. El procedimiento de la policía fue cuestionado severamente por sembrar evidencias y fabricar pruebas en contra de los detenidos, llevando finalmente a la liberación de los indígenas apresados.
Las circunstancias alrededor de este caso son complejas y tienen implicaciones profundas sobre el historial de seguridad y justicia en el estado. Además, la imputación de narcotráfico por parte de las autoridades contra presuntos responsables de los ataques ha complicado aún más la situación, generando un ámbito de desconfianza y reclamos de justicia por parte de las comunidades afectadas. Este caso sigue desarrollándose en un ambiente de atención y escrutinio nacional.
