La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha comunicado la propuesta de la Casa Blanca de implementar aranceles de al menos el 10 por ciento dirigidos a varios socios comerciales, incluidos México y Canadá. Esta propuesta es consecuencia de una investigación realizada sobre presuntas prácticas de trabajos forzados en estas naciones. Dicho informe, que se hizo público el miércoles, sugiere que economías como Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido enfrentarían estos aranceles debido a fallas detectadas en la aplicación de prohibiciones relacionadas con importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Asimismo, el informe especifica que productos provenientes de otras economías importantes, como China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza, estarían sujetos a un arancel mayor del 12.5 por ciento. La oficina de comercio ha manifestado que los bienes procedentes de países que han demostrado un compromiso contra el trabajo forzoso recibirían una tarifa más baja, al contrario de aquellos que no han implementado estas prohibiciones de manera eficiente.
Esta medida de aranceles se enmarca en un esfuerzo por revivir políticas arancelarias del ex presidente Donald Trump, quien había implementado tarifas similares durante su administración hasta que fueron declaradas inconstitucionales. Los aranceles ahora recomendados provienen de investigaciones realizadas bajo la autoridad de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Cabe destacar que estos gravámenes no se aplicarán de forma inmediata y están sujetos a un periodo de consulta pública y posibles revisiones.
El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, expresó en un comunicado la inaceptabilidad de que socios comerciales de relevancia no aborden adecuadamente la cuestión de productos fabricados mediante trabajo forzado. Hizo hincapié en la necesidad de enfrentar estas desigualdades que afectan a los trabajadores estadounidenses. Con este movimiento, se intentará evaluar la tolerancia de los principales socios económicos de Estados Unidos, quienes han optado generalmente por negociar acuerdos en lugar de retalias.
Por parte de México, la Secretaría de Economía ha declarado que lo anunciado por la USTR es una propuesta y no una medida definitiva. Dentro del proceso se contempla una fase de consultas y comentarios que durará 45 días, y buscarán presentar argumentos sólidos para evitar la implementación de los gravámenes. El gobierno mexicano está confiado en que las negociaciones bilaterales dentro del marco del T-MEC permitirán una modificación favorable de estas propuestas.
