Movistar México, subsidiaria de Telefónica, se encuentra en medio de un litigio fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con motivo de una deuda que asciende a 4 mil 442 millones de pesos. La controversia legal ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se debate una resolución sobre la validez de ciertas deducciones fiscales solicitadas por la empresa, relacionadas con una fusión corporativa realizada en 2014.
Durante la conferencia matutina del 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. La mandataria solicitó información al respecto y declaró que se pedirá una tarjeta informativa para conocer el estado del litigio antes de emitir cualquier comentario. El caso no fue abordado directamente, sin embargo, Sheinbaum afirmó que será necesario revisar la situación basado en datos concretos.
El núcleo del conflicto legal consiste en la negativa por parte del SAT para permitir que Pegaso PCS S.A. de C.V., filial de Telefónica, dedujera los gastos relacionados con su fusión con Movistar. Esta operación fue realizada en 2014, y desde entonces, la autoridad fiscal ha determinado no aceptar dicho gasto como deducible, lo que dio origen al adeudo que actualmente enfrenta la empresa ante el fisco mexicano.
En julio de 2025, Movistar ingresó un recurso de reclamación ante la SCJN, bajo el número 158/2025, con el propósito de que la Segunda Sala resolviera el litigio antes de su reconfiguración. La petición no avanzó; el asunto fue programado para resolverse el 18 de junio, pero no se concretó debido a la negativa de la ministra Lenia Batres a votar, lo que interrumpió el quórum necesario y detuvo la discusión del caso.
Como respuesta, los representantes legales de Movistar, encabezados por el abogado Christian Benjamín Hurtado Villanueva, invocaron el artículo 17 de la Constitución y disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El argumento fue que el caso debía resolverse según el marco legal vigente antes de la reforma judicial. No obstante, en las sesiones siguientes la Corte no volvió a discutir el tema. Con el inicio de vigencia de la nueva ley, ahora el caso deberá ser revisado por el Pleno de la SCJN.
Claudia Sheinbaum realizó declaraciones adicionales el 13 de agosto, donde exhortó a los ministros de la Corte a actuar bajo el marco del derecho, sin presiones externas y con total transparencia. Esto ocurrió al referirse a los recursos públicos involucrados en el litigio, la mandataria sugirió que en caso de no poder resolverse con la conformación actual de la Corte, el asunto se turne a la nueva integración del máximo tribunal del país.
En paralelo al litigio con el SAT, Telefónica confirmó su estrategia de retirarse del mercado mexicano, así como de Chile y Venezuela. De acuerdo con declaraciones de su presidente, Marc Murtra, la decisión responde a un plan de reestructuración que busca reducir exposición en mercados con menores márgenes. Telefónica planea enfocar sus operaciones en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, países que representan sus principales fuentes de ingresos y donde mantiene una presencia consolidada.
La decisión de salida se enmarca dentro de un contexto de reordenamiento corporativo, mientras el litigio fiscal sigue sin resolverse. El caso continúa en manos del máximo tribunal del país, cuya nueva configuración será la encargada de definir si los 4 mil 442 millones de pesos reclamados deben ser pagados por la empresa o si procede su solicitud original de deducción fiscal.
