El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, expresó este jueves que existe una campaña de desacreditación dirigida contra las recientes reformas a la Ley de Amparo promovidas por la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum. La declaración se realizó tras la aprobación rápida de la reforma en el Senado y durante su participación en la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional.
Zaldívar indicó que la campaña de desinformación provendría, según su perspectiva, de abogados ligados a deudores fiscales, analistas políticos críticos al gobierno y jueces o magistrados presuntamente afectados por la reforma judicial. Según el funcionario, estos actores estarían posicionando en la opinión pública la idea de que las modificaciones legales resultan regresivas y restringen la defensa ciudadana ante posibles violaciones a sus derechos.
El funcionario subrayó que la reforma a la Ley de Amparo recientemente aprobada no contempla elementos de retroactividad. Zaldívar insistió en que ninguna disposición afecta derechos procesales o adquiridos de quienes participan actualmente en juicios de amparo y que la instrumentación de las reformas no anulará derechos preexistentes en los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor.
Asimismo, aclaró que el objetivo de la reforma es agilizar los juicios de amparo y promover una mayor eficiencia en la resolución de casos por parte del Poder Judicial. Zaldívar afirmó que, a pesar de los ajustes en los procedimientos, se respeta íntegramente la protección de derechos para los involucrados.
Finalmente, enfatizó que los ajustes en la Ley de Amparo buscan garantizar que los jueces actúen con mayor celeridad y que los trámites sean más rápidos y eficaces. Repitió que ningún derecho para las partes en procesos actuales se verá modificado por la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, reiterando la ausencia de retroactividad. El contexto y los señalamientos se dan tras la aprobación en fast track del paquete de reformas, generando debate en distintos sectores del ámbito judicial y político.
