La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, por presunta implicación en delitos relacionados con el llamado ‘huachicol fiscal.’ La medida judicial se encuentra vigente desde el pasado sábado 6 de septiembre y forma parte de las acciones federales encaminadas a combatir el contrabando de combustibles a gran escala en territorio nacional.

De acuerdo con declaraciones de Marina del Pilar, las investigaciones son seguidas de cerca por la presidenta Claudia Sheinbaum y forman parte de un operativo más amplio que incluyó la ejecución de varias órdenes de aprehensión durante el fin de semana. ‘Es una investigación que está siguiendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ya vimos que el día sábado se ejecutaron estas órdenes de aprehensión y algunas detenciones’, declaró la mandataria estatal, quien también aseguró que el gobierno estatal se mantendrá atento a los procesos y resoluciones que determinen las autoridades federales competentes.

La causa apunta a la presunta participación de Ernesto Ruffo como socio de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada por autoridades federales por estar vinculada al contrabando de al menos 15 millones de litros de combustible. Dicha empresa ha sido identificada en informes de la FGR y medios de comunicación nacionales como una de las que obtuvo permisos para importar grandes cantidades de gasolina y diésel. El Universal publicó información en la que se especifica que la compañía obtuvo en 2023 autorización para importar 500 millones de litros de combustibles.

El propio exgobernador, Ernesto Ruffo, reaccionó públicamente ante estas acusaciones. En entrevista con medios, Ruffo reiteró que, desde su perspectiva, este proceso tiene motivos de índole política y mencionó que la responsabilidad del tráfico ilegal recae en otros actores del sector energético. Negó que la firma Ingemar tenga implicación directa en los hechos bajo investigación, asegurando que el flujo del combustible es operado por comercializadores desde la recepción en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.

De acuerdo con fuentes federales y publicaciones recientes, la operación legal que involucra a Ruffo Appel no es un caso aislado. Las investigaciones de la FGR han desembocado en varias órdenes de aprehensión, algunas de las cuales comenzaron a ejecutarse desde agosto de 2025. Debido a la confidencialidad, no se han dado a conocer públicamente todos los avances y nombres de los involucrados. Hasta el momento, se sigue el proceso judicial bajo la dirección de las autoridades federales correspondientes. Ingemar, empresa creada en 2018 y que modificó su objeto social en 2019 para incursionar en el sector energético, permanece en el centro de la investigación junto con sus socios principales.