El pasado 16 de julio, fue trasladado a la Ciudad de México Ernesto ‘N’, quien en su momento fungiera como gobernador de Baja California. Bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo la movilización del exgobernador desde Ensenada, en medio de acusaciones que lo vinculan con una posible red de huachicol fiscal asociada a la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
Las acciones de la FGR surgen de una investigación que señala al exfuncionario por delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Estas acusaciones son parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes que operan al margen de la ley, particularmente en el ámbito fiscal. Es en este contexto que el exmandatario es objeto de un proceso judicial, donde un juez federal analizará las evidencias presentadas y determinará los pasos a seguir.
Previo a ser trasladado a la capital del país, Ernesto ‘N’ se despidió de quienes lo acompañaban, antes de abordar el vehículo oficial. Esto marcó un primer momento en el proceso judicial, cuya definición inicial recae en una audiencia durante la cual el Ministerio Público Federal intentará estructurar la imputación formal contra él. Las autoridades hasta la fecha aún no han especificado la sede judicial ni el momento en que dicha audiencia se llevará a cabo.
La trayectoria política de Ernesto ‘N’ comenzó con fuerza al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México. A través del Partido Acción Nacional (PAN), su victoria en Baja California representó un hito al interrumpir años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, su detención actual se inscribe en el marco de una campaña de la Fiscalía para perseguir las redes dedicadas al contrabando de combustibles. Este esquema, conocido como huachicol fiscal, elude impuestos mediante documentación fraudulenta para introducir hidrocarburos al país.
La información revelada por la FGR apunta a complejas operativas. Estas incluyen el uso de compañías importadoras, servicios logísticos y personal de aduanas. Los métodos empleados para estos fines son variados, incluyendo el transporte marítimo y ferroviario. La investigación destaca que estas entidades adoptan tácticas tales como la falsificación de documentos para aparentar importaciones legítimas y declaran volúmenes inexactos ante las autoridades con el objetivo de reducir o evadir cargas fiscales. Parte del combustible introducido es posteriormente almacenado en espacios no regulados para después ser distribuido dentro del país. Este enfoque multifacético es parte integral de la estrategia gubernamental contra el huachicol fiscal, un desafío que continúa generando operativos y aseguramientos significativos en recursos energéticos.
