El Tribunal de Apelación de París resolvió conceder libertad condicional al expresidente francés Nicolas Sarkozy, permitiéndole abandonar la cárcel de La Santé tras haber cumplido 20 días bajo custodia penitenciaria. La decisión fue anunciada este lunes 10 de noviembre de 2025, como parte del proceso que enfrenta el exmandatario tras su condena a cinco años de cárcel por cargos de corrupción.
A pesar de la liberación, Sarkozy deberá cumplir con varias restricciones judiciales impuestas por el tribunal. Entre estas medidas destacan la prohibición de salir del territorio francés y la imposibilidad de establecer contacto con el ministro de Justicia, Gérard Darmanin. Estas condiciones forman parte del control judicial establecido mientras sigue vigente el proceso en su contra.
Durante su intervención ante el tribunal, Sarkozy se dirigió a los jueces mediante videoconferencia, acompañado por dos de sus abogados. La audiencia se realizó desde la cárcel parisina donde se encontraba detenido. Visiblemente cansado, el exmandatario argumentó que no existe riesgo de fuga y calificó su estancia en prisión como una experiencia extremadamente difícil. ‘Es duro, es muy duro, ciertamente lo es para todos los presos, incluso diría que es agotador’, expresó Sarkozy ante los magistrados.
El expresidente de 70 años también señaló una supuesta manipulación de documentos relacionados con su caso. Refiriéndose a las investigaciones que involucran a colaboradores cercanos y sus supuestos vínculos con el régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi, sostuvo que los hechos han sido distorsionados. Esta línea de defensa la ha mantenido desde que comenzaron las indagaciones sobre el presunto financiamiento extranjero en su campaña presidencial de 2007.
La comparecencia de Sarkozy fue seguida de cerca por sus familiares y allegados. Entre los presentes se encontraban su esposa, Carla Bruni, así como sus hijos Jean y Pierre, y su hermano François. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, incluida la confiscación de teléfonos móviles a los asistentes para evitar filtraciones de audio o imágenes durante el proceso. Esta medida respondió a la elevada expectativa mediática generada en torno al caso judicial del exjefe de Estado.
