Al finalizar el año 2024, un total de 275 mil personas estaban registradas en la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un sistema de jubilación que ha suscitado inquietud entre sus cotizantes debido a recientes modificaciones regulatorias. Desde enero hasta octubre de 2024, casi 90 mil individuos se dieron de alta en esta modalidad, que permite a quienes cotizaron antes de julio de 1997 acceder a pensiones bajo la Ley del 73, que se basa en el salario promedio de las últimas 250 semanas laboradas.
Este régimen establece que los trabajadores pueden fijar su pensión teniendo en cuenta un tope de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a unos 88 mil pesos al mes, además de la necesidad de realizar pagos durante cinco años para multiplicar el monto de la pensión. Sin embargo, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ha interrumpido esta estructura de pagos, generando preocupación entre los beneficiarios y nuevos aspirantes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado que un alto porcentaje, aproximadamente dos tercios de los inscritos en esta modalidad, seleccionaron salarios que oscilan entre 20 y 25 UMA. El análisis de Quintana revela que el salario más común registrado fue el máximo permitido y que, en promedio, los nuevos cotizantes se inscribieron con un ingreso cinco veces superior al último que recibieron de sus empleadores. La edad promedio de inscripción es de 58 años, ideal para que los solicitantes comiencen a recibir su pensión al culminar los pagos requeridos.
Con las reformas publicadas, los nuevos registros y reingresos se limitan al último salario registrado más una UMA adicional, que equivale a unos 117 pesos diarios. Este cambio implica que se pierde la retroactividad de pagos, y los trámites se realizarán únicamente de forma digital, aunque quienes ya están inscritos mantendrán sus condiciones previas. Así, se concluye que la modalidad 40 no ha sido eliminada, sino que su capacidad de incrementar los salarios ha quedado suspendida.
Las repercusiones de estas modificaciones son significativas, especialmente para aquellos que planeaban inscribirse en la modalidad. Según las proyecciones, un trabajador que percibía 15 mil pesos y aspiraba a alcanzar el tope de pensión podría ver su monto potencial reducido en un 79 por ciento, pasando de 58 mil a tan solo 12 mil pesos. Además, el tiempo requerido para recuperar la inversión se extiende de un año y medio a más de cinco años. Ante este escenario, se anticipa que los afectados podrían acudir a amparos legales, mientras que expertos en seguridad social advierten que los cambios implementados por el Consejo Técnico podrían estar fuera del marco legal vigente, sugiriendo que se requieren modificaciones legislativas para su correcta aplicación.
