Un juez federal ha determinado el desbloqueo de las cuentas bancarias de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, basándose en una antigua jurisprudencia que recientemente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este fallo, emitido el 31 de marzo por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, ocurrió días antes de que la SCJN modificara el criterio legal aplicable a casos de este tipo. Esta determinación reaviva las discusiones sobre el alcance y limitaciones de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra actividades financieras ilícitas.
La resolución mencionada se basó en el juicio de amparo 886/2025, en el cual el juez Rivera González argumentó que la UIF no había cumplido con los requisitos estipulados en la Ley de Instituciones de Crédito al bloquear las cuentas del exgobernador. Según el juez, la medida de bloqueo no se justificó como parte de compromisos internacionales del Estado mexicano, sino que se debió a un proceso de investigación de índole nacional, lo que contraviene la seguridad jurídica dictaminada previamente por la SCJN en su jurisprudencia 46/2018. Este criterio fue la base para el desbloqueo a pesar de su reciente invalidación.
En defensa de su accionar, la UIF había argumentado que Yarrington fue incluido en diciembre de 2019 en la lista de personas bloqueadas bajo sospecha de realizar operaciones atípicas dentro del sistema financiero nacional. Sin embargo, el juez señaló que tales acciones deben tener un origen que involucre compromisos internacionales para ser válidas. Dado que las pruebas proporcionadas eran de carácter nacional, el juez decidió que la UIF había sobrepasado sus competencias.
Este fallo, no obstante, no limita a la UIF en la posibilidad de emitir nuevas resoluciones sobre las cuentas de Yarrington, siempre que estén fundamentadas dentro del nuevo contexto jurídico establecido por el último fallo de la SCJN. Ante tal situación, se prevé que la UIF impugne el fallo ante un tribunal colegiado, respaldándose en la modificación del criterio por parte de la Suprema Corte.
Tomás Yarrington, quien fuera gobernador entre 1999 y 2005, enfrenta múltiples cargos en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Su historia está marcada por acusaciones que datan de su detención en 2017 en Italia hasta su extradición y juicio en Estados Unidos, donde admitió haber recibido sobornos millonarios. A pesar de su historial legal y político, el reciente fallo sobre sus cuentas bancarias evidencia las complejidades legales y los desafíos enfrentados en la aplicación de las leyes financieras en México en el marco de un sistema judicial en evolución.
