En un contexto de alta restricción en materia de reuniones y acuerdos, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío crítico ante las presiones del empresariado para reformar el mecanismo de elección de la presidencia de la Suprema Corte. Desde el estallido de la crisis bilateral con Estados Unidos, el acceso a la mandataria se ha tornado prácticamente inaccesible, según fuentes en Palacio.
Durante uno de los escasos encuentros con la presidenta, se discutió la urgencia de una Contrarreforma judicial. La finalidad no es solo ajustar los requisitos para quienes aspiran a ser jueces o cambiar la fecha de las próximas elecciones, sino modificar esencialmente el proceso que determina quién preside la Suprema Corte. Lenia Batres, la ministra en cuestión, está proyectada para asumir este cargo el próximo año, un escenario que el sector empresarial considera implacable y perjudicial para el crecimiento económico del país.
El empresariado ha expresado su profunda preocupación por los indicadores económicos negativos, como la disminución en la inversión y la rebaja en la nota crediticia del país, factores que los impulsan a buscar la intervención de Sheinbaum para evitar que Batres lidere la Corte. La ministra ha demostrado posturas firmes y a menudo conflictivas respecto a principios fundamentales del Estado de Derecho, además de su negativa a revisar casos relacionados con impuestos. De los últimos 17 expedientes en este ámbito, Batres se ha pronunciado en contra de los intereses privados en 15 ocasiones sin proporcionar explicaciones detalladas.
Entre los casos pendientes de resolución en su ponencia se encuentran asuntos de relevancia para grandes corporaciones como Banco Multiva, Axa Seguros, Coca-Cola y General Motors, lo que incrementa la inquietud en círculos empresariales. Además, dentro del oficialismo, Batres cuenta con escasos aliados. Su reciente decisión de fallar a favor del ISSSTE, institución dirigida por su hermano, en detrimento de la Ciudad de México, provocó la furia de figuras prominentes de Morena como Clara Brugada y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Por último, desde el ámbito internacional, varias representaciones diplomáticas han comenzado a alzar la voz ante la posibilidad de que Batres asuma la presidencia de la Corte, una situación que consideran podría afectar gravemente la seguridad jurídica requerida por las empresas extranjeras para invertir en el país. Este movimiento es percibido como una señal de inestabilidad que podría impactar negativamente en las relaciones comerciales y económicas de México.
