En un fallo que destaca las limitaciones del poder presidencial, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración de Donald Trump se excedió en el uso de sus facultades al invocar poderes de emergencia para aplicar aranceles a socios comerciales clave. Esta decisión se produjo en un momento crucial, un año después de que la política arancelaria de Trump iniciara una guerra comercial de dimensiones globales.
Con una votación de 6 a 3, los magistrados siguieron la línea de razonamiento presentada por el presidente del tribunal, John Roberts. La sentencia reafirma una decisión previa de un tribunal inferior, argumentando que el empleo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) por parte de Trump excedía la autoridad conferida por el Congreso. Este criterio se basó en gran parte en la doctrina de las ‘cuestiones importantes’, una doctrina que requiere que cualquier acción ejecutiva de gran impacto económico y político cuente con el respaldo explícito del Congreso.
El uso de los aranceles había sido una parte fundamental de la estrategia económica de Trump, en particular en la guerra comercial que comenzó tras asumir su segundo mandato. Estas medidas influyeron en los mercados globales y fueron vistas como un intento de proteger la economía estadounidense, aunque no exentas de controversia y críticas por posibles violaciones a las competencias del Congreso.
En respuesta al dictamen, tanto empresas afectadas por los aranceles como una docena de estados, predominantemente bajo liderazgo demócrata, celebraron el fallo. Argumentaron que la acción sin precedentes de Trump de imponer aranceles unilaterales, bajo la IEEPA, no solo perjudicaba sus intereses sino que también, potencialmente, infringía disposiciones constitucionales que reservan al Congreso el poder de aplicar impuestos y gravámenes.
La implicación financiera de este fallo es significativa. Comentarios de economistas, como los del Penn-Wharton Budget Model, proyectan que los ingresos generados por estos gravámenes alcanzaron más de 175 mil millones de dólares. Sin embargo, tras esta sentencia, existe la posibilidad de que se deba reembolsar una cantidad considerable, lo que podría tener un impacto profundo en la economía estadounidense y en la política fiscal futura del país.
