En un reciente movimiento administrativo, Francisco Garduño, quien anteriormente sirvió como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ha sido nombrado director general de los Centros de Formación para el Trabajo, una instancia que opera bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta designación se enmarca en una estrategia educativa más amplia llevada a cabo por la administración gubernamental.
El nombramiento de Garduño fue anunciado por Mario Delgado, titular de la SEP, explicando que la decisión fue realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el propósito de reforzar la educación en México. Según Delgado, la presencia de Garduño es vista como crucial para la reforma de la educación Media Superior, especialmente en el contexto del Bachillerato Nacional, una política educativa que busca elevar el estándar de la educación media en todo el país.
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), un órgano dentro de la Subsecretaría de Educación Media Superior, tiene la responsabilidad de normar, operar, coordinar, controlar y evaluar el servicio de capacitación para el trabajo. Este rol es esencial para garantizar que las instituciones educativas se mantengan alineadas con las necesidades del mercado laboral y preparen de manera efectiva a los estudiantes para incorporarse a la fuerza laboral.
Francisco Garduño dejó su cargo en el Instituto Nacional de Migración en abril de 2025, expresando un profundo orgullo y sensación de haber cumplido su misión. Durante su tiempo en el INM, enfrentó complejos desafíos, incluyendo una de las crisis migratorias más significativas de los últimos tiempos. Su enfoque estuvo centrado en proteger y dignificar a las personas de diversas nacionalidades que arribaron a México en busca de mejores oportunidades.
Uno de los momentos más críticos en su gestión fue la disculpa pública emitida en septiembre del año anterior a las familias de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez. Este incidente, que sucedió dos años y medio antes, culminó en una disculpa formal derivada de una orden judicial, reflejando no solo el compromiso del funcionario con la transparencia, sino también su disposición a enfrentar los aspectos más difíciles de su pasado administrativo.
