Desde 2018, Delcy Rodríguez ha estado bajo el escrutinio de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según documentos obtenidos y declaraciones de funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. La atención sobre Rodríguez se intensificó en 2022 cuando fue etiquetada como un ‘objetivo prioritario’, una clasificación distinguida que la agencia reserva para aquellos sospechosos que podrían tener un impacto considerable en el tráfico de drogas. Esta designación sugiere un significativo interés investigativo por parte de Estados Unidos.
Los informes muestran que la DEA ha compilado un archivo detallado que conecta a Rodríguez con posibles actividades ilícitas, incluida su supuesta utilización de hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita como fachada para el lavado de dinero. Esto fue reportado por un informante confidencial en 2021. Además, su nombre ha surgido en casi una docena de investigaciones, aunque hasta la fecha, Rodríguez no ha sido formalmente acusada de ningún crimen por el gobierno estadounidense.
En años recientes, Rodríguez también ha sido vinculada a Alex Saab, un presunto intermediario del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero. Aun cuando Saab fue posteriormente indultado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, las investigaciones en torno a Rodríguez continúan. Los documentos de la DEA revisados por la AP muestran que los intereses investigativos abarcan desde contratos gubernamentales asignados a Saab hasta posibles acuerdos corruptos con Omar Nassif-Sruji.
A pesar de las sanciones impuestas por la Casa Blanca en 2018, las cuales califcaron a Rodríguez como fundamental para el control del poder de Maduro, su figura nunca ha sido acusada formalmente de narcotráfico o corrupción. La continuidad de las investigaciones por parte de Estados Unidos refleja la complejidad de la situación política y judicial que se vive en Venezuela, especialmente en la era post-Maduro, donde las acciones de Rodríguez son interpretadas bajo el prisma de una nación considerada como un Estado altamente corrupto.
Finalmente, el enfoque continuo de la DEA sobre Rodríguez destaca cómo el poder político en Venezuela ha sido un eje de atención para las agencias internacionales y las implicaciones políticas de altos niveles de corrupción. Observadores como David Smilde han comentado que este interés por parte de Estados Unidos no solo proviene de las acusaciones existentes, sino también como herramienta de presión política con el objetivo de asegurar los intereses estadounidenses en la región.
