El Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder en Honduras, emitió una resolución este sábado en la que declara que no otorgará legitimidad política ni moral al gobierno resultante de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. La decisión fue dada a conocer tras una asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Siguatepeque, en el centro del país, encabezada por la candidata presidencial del partido, Rixi Moncada, y el coordinador general y expresidente, Manuel Zelaya.

En el documento divulgado por Libre, el partido denuncia una supuesta injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral, y asegura que esto representa una restauración del ‘narcoestado’. Libre se situó en el tercer lugar en los comicios con el 19.29% de los votos, a la espera de la revisión de al menos mil 773 actas con inconsistencias. La resolución sostiene que ejercerán una ‘oposición firme, ética y popular en todas las instancias’ como respuesta a este resultado.

La contienda electoral en Honduras se encuentra liderada por Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con el 40.52% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39.20%, según los datos preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral tras el escrutinio del 99.40% de las actas. Ambos candidatos han cuestionado el proceso, aunque ha sido Libre quien ha hecho el pronunciamiento más enfático en su rechazo al mismo y en la denuncia de un presunto fraude electoral.

Durante la asamblea, el partido también acusó que hubo una operación ideológica a nivel continental que promovió el miedo mediante la estigmatización de países del bloque socialista como Cuba y Venezuela, con el objetivo de manipular el voto ciudadano. Según afirma la resolución, existen pruebas presentadas ante instancias judiciales de más de cuatro millones de mensajes dirigidos a familias hondureñas receptoras de remesas, lo que habría influido mediante amenazas en la decisión de voto.

Libre rechazó además lo que describió como una campaña mediática y psicológica promovida por sectores empresariales beneficiarios de beneficios fiscales, así como una supuesta intervención directa de gobiernos de derecha extrema y del gobierno estadounidense en el proceso electoral hondureño. En este contexto, el partido aseguró que se necesita una nueva Constitución que, según la resolución, privilegie lo público y a las mayorías. Asimismo, el expresidente Manuel Zelaya hizo un llamado a las bases del partido para movilizarse en apoyo a los candidatos oficialistas y para exigir la anulación de las elecciones. El proceso de validación de los resultados continuaría hasta el 30 de diciembre, dentro del plazo legal establecido.