La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las afirmaciones del joven Edson Andrade, convocante de la marcha de la denominada Generación Z, quien aseguró haber abandonado el país debido a sentirse en riesgo tras la difusión de sus datos personales. La mandataria abordó el tema en su rueda de prensa diaria e indicó que su gobierno no lleva a cabo ningún tipo de persecución basada en posturas ideológicas o políticas.
Sheinbaum afirmó que si una persona percibe amenazas contra su integridad, debe seguir los canales institucionales correspondientes para que se revisen las circunstancias y, de ser necesario, se le brinde protección. En ese sentido, remarcó que ningún ciudadano es objeto de represión por expresar ideas políticas distintas a las del gobierno federal o local.
En relación con la movilización promovida por integrantes de la Generación Z, Sheinbaum señaló que la participación fue limitada debido, según ella, a la difusión de información sobre los promotores del evento. También respaldó la propuesta presentada por legisladores del partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México para formar una comisión que investigue los incidentes registrados durante la primera marcha convocada por ese grupo juvenil.
Durante la misma conferencia, la presidenta mencionó una entrevista del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en la que, de acuerdo con sus palabras, se aludió a la posibilidad de actos violentos por parte de algunos sectores de la oposición. Sheinbaum sugirió que las expresiones recientes de ciertos legisladores del Congreso capitalino apuntan a que algunos actores políticos promueven discursos de odio como instrumento político.
Además del tema de la marcha, Sheinbaum respondió preguntas relacionadas con el presunto involucramiento de instituciones financieras como CIBanco, Intercam y casa de bolsa Vector en actividades ilícitas. Según la presidenta, las investigaciones no identificaron evidencia de lavado de dinero en México. Explicó que la información proporcionada por autoridades estadounidenses no fue suficiente para respaldar una denuncia penal en territorio nacional. Las pesquisas se centraron en la operación y cumplimiento de normativas por parte de estas entidades.
