El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió el decomiso de bienes por un valor total de 684 mil 990 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 480 millones de dólares, en el marco de la causa judicial conocida como ‘Vialidad’. La medida afecta a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en esa misma causa, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales durante su mandato.
La resolución judicial dispone la confiscación de un total de 20 inmuebles pertenecientes al entorno familiar de la exmandataria. Entre estos se encuentra una propiedad registrada a nombre de Fernández y otras 19 que fueron heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Estas propiedades forman parte de los activos que serán expropiados como parte del fallo emitido por el tribunal federal.
Además de los bienes vinculados directamente con la familia Kirchner-Fernández, el fallo ordena el decomiso de otros activos muebles e inmuebles relacionados con otros condenados en la causa. Entre ellos se incluyen el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el empresario Lázaro Báez. Todos fueron hallados culpables de delitos relacionados con la asignación fraudulenta de contratos en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal también determinó la inscripción de la sentencia en los Registros de la Propiedad competentes, con el objetivo de inmovilizar legalmente los bienes alcanzados por la medida hasta que la sentencia quede firme. Esta acción preventiva busca garantizar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta y evitar que los activos sean transferidos o modificados antes de una resolución definitiva.
Según los fundamentos del fallo, los activos objeto de decomiso son considerados el resultado del delito por el cual fueron condenadas las personas implicadas. La sentencia busca restituir el perjuicio generado al Estado mediante la recuperación de los fondos y propiedades vinculados a actos de corrupción. Esta causa fue elevada a juicio oral en 2019 y culminó en diciembre de 2022 con la condena de seis años de prisión para Cristina Fernández por administración fraudulenta, pena que actualmente cumple bajo arresto domiciliario.
El 17 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la sentencia emitida en primera instancia, dejando en firme la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta. Cristina Fernández permanece actualmente en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Recoleta mientras se tramitan los recursos y procedimientos legales vinculados a su situación judicial.
