El gobierno federal de Estados Unidos reabre oficialmente sus puertas este jueves, después de haber permanecido parcialmente cerrado durante 43 días, el periodo más prolongado de suspensión administrativa en la historia del país. La reactivación de las operaciones gubernamentales ocurre tras la aprobación de un presupuesto temporal por ambas cámaras del Congreso, medida que proporciona financiamiento hasta el 30 de enero y busca dar tiempo adicional al Legislativo para debatir y acordar un paquete presupuestario completo para el año fiscal.
El presidente Donald Trump firmó el paquete de continuación presupuestaria poco antes de las 10:30 de la noche, hora local, oficializando así la reapertura de las agencias federales. Este financiamiento interino no solo devuelve al funcionamiento normal a cientos de oficinas gubernamentales, sino que también incluye disposiciones específicas para evitar interrupciones de servicios clave, como los relacionados con asistencia alimentaria y transporte aéreo.
Una de las principales novedades de este acuerdo es que garantiza la financiación total y continua, más allá de enero, del Departamento de Agricultura. Este departamento es responsable del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), del cual dependen millones de estadounidenses. Durante el cierre, personas beneficiarias de este programa vieron suspendida su asistencia desde principios de noviembre, en una situación que afectó a más del 10% de la población del país, de acuerdo con cálculos oficiales.
Además, el acuerdo presupuestario ha permitido la reincorporación de unos 670 mil empleados federales que durante las últimas seis semanas se mantuvieron sin trabajar ni recibir salario. También garantiza el pago retroactivo a aproximadamente 730 mil funcionarios esenciales que continuaron en funciones sin recibir sus sueldos completos. En estos casos, el pago más reciente que recibieron fue un monto parcial correspondiente a una fracción del mes de septiembre, lo que profundizó las tensiones económicas entre este grupo de trabajadores.
El impacto del cierre también se reflejó en sectores como el transporte aéreo, donde la falta de personal, especialmente de controladores aéreos, obligó a reducir la frecuencia de vuelos en los principales aeropuertos del país. Desde el 7 de noviembre, la reducción de operaciones alcanzó hasta el 90% en los 40 aeropuertos con mayor tráfico. Numerosos vuelos fueron cancelados o demorados, afectando significativamente a miles de pasajeros. La vuelta a la normalidad en este sector, según autoridades del ramo, dependerá de la velocidad con que se restablezcan las funciones y se reorganicen los turnos de trabajo afectados.
El paquete aprobado por el Senado, con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron la disciplina de voto, incluye también la revocación de todos los despidos de empleados públicos autorizados después del inicio del cierre. Se estima que unos seis mil funcionarios habían sido cesados durante ese periodo. A partir de esta normativa, se bloquean nuevas reducciones de personal federal hasta la próxima fecha límite presupuestaria, establecida para el 30 de enero.
Durante la ceremonia de firma en el Despacho Oval, el presidente Trump agradeció el respaldo bipartidista y reiteró que las futuras negociaciones presupuestarias deberán evitar métodos de presión y bloqueos prolongados. En su mensaje, el mandatario atribuyó la pausa legislativa a desacuerdos sobre el destino de los subsidios al programa de salud conocido como Obamacare, cuya renovación fue condicionada inicialmente por los bloques demócratas. Con el nuevo acuerdo, los republicanos han prometido permitir una votación sobre la extensión de dichos subsidios en las próximas sesiones del Congreso.
Durante las últimas décadas, el Congreso ha dependido con frecuencia de medidas de continuidad presupuestaria ante la falta de acuerdos para implementar presupuestos anuales integrales. El último presupuesto anual completo aprobado sin necesidad de resoluciones temporales data de 1997, lo que refleja un patrón legislativo sostenido de negociaciones parciales y plazos extendidos, una situación que el actual Gobierno afirma querer reformar con nuevas herramientas legislativas a partir del próximo ejercicio fiscal.
