En México, cerca del 80% de los hogares utilizan gas licuado de petróleo (gas LP), un energético cuya cadena de distribución está controlada por un reducido grupo de siete empresas. Durante años, estas compañías han colaborado para fijar precios, dividir territorios y establecer márgenes de ganancia, según investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano recientemente disuelto como entidad autónoma.
Entre 2017 y 2022, la Cofece documentó prácticas anticompetitivas dentro del sector, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el expediente DE-022-2017, siete grupos —Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto— controlaron el mercado mediante una red de 49 razones sociales. Esta estructura permitió a los operadores simular competencia y mantener una distribución territorial que evitaba la competencia directa entre ellos.
La investigación reveló un mecanismo sistemático de colusión consistente en la asignación de zonas, la fijación de precios y un sistema interno de sanciones y recompensas. Esta estructura causó, según estimaciones de la Cofece, un daño económico calculado en 12,566 millones de pesos a los consumidores. No obstante, las sanciones impuestas no detuvieron la actividad del grupo, cuyas integrantes siguen operando bajo nuevas razones sociales y con contratos vigentes con el propio gobierno federal.
Las mismas empresas continúan obteniendo adjudicaciones directas o ganando licitaciones en diversas dependencias públicas. Entre los contratos más recientes, destaca una compra del ISSSTE por 109.2 millones de pesos a G. G. Gas S.A. de C.V., del Grupo Global Gas. En otros casos, como el del Centro Nacional de Metrología, se otorgaron contratos sin competencia abierta a empresas como Sonigas, argumentando antecedentes positivos como razón de adjudicación, pese a que están relacionadas con las prácticas detectadas por la Cofece.
El control de este grupo empresarial ha persistido incluso en escenarios críticos como el accidente del 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, cuando una pipa de Tomza explotó y dejó 32 personas fallecidas. Ante este incidente, el Gobierno de Ciudad de México impulsó nuevas regulaciones para el transporte de hidrocarburos, anunciadas a través de un decreto publicado el 2 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las nuevas normas plantean restricciones en rutas, límites de velocidad y licencias especiales, aunque su efectividad y alcance económico fueron cuestionados desde su promulgación.
Estos episodios se presentan en un contexto de reformas institucionales que llevaron a la desaparición de órganos autónomos como la Cofece y afectaron la independencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ambas funciones pasarán a depender del poder ejecutivo, generando incertidumbre sobre el futuro de la competencia y regulación del mercado energético del país. Mientras tanto, los siete grupos empresariales continúan operando y obteniendo contratos millonarios para abastecer un producto esencial que sigue sin competencia real en su distribución.
