BBVA, el mayor banco del país, ha redoblado esfuerzos de cabildeo para frenar la posible designación de Julio Carranza, fundador de BanCoppel, como próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Fuentes cercanas a Eduardo Osuna, director general del banco de capital español, han expresado preocupaciones sobre el perfil de Carranza y su impacto en el entorno bancario. El principal temor, según dichas fuentes, es que el estilo de liderazgo de Carranza, considerado altamente visible y protagonista, podría generar tensiones con el gobierno federal y traducirse en una mayor presión regulatoria y fiscal para el sistema financiero nacional.
La preocupación de BBVA se sustenta en el actual contexto económico y político que enfrenta el país. En particular, los directivos del banco observan con atención la relación futura entre el Consejo Coordinador Empresarial y Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. La hipótesis que barajan es que, en caso de que Carranza mantenga desacuerdos con las autoridades federales, esto podría detonar medidas enfocadas en el sector bancario, tales como nuevos impuestos o más requisitos regulatorios. La importancia del tema radica, entre otros aspectos, en que BBVA México representa una fuente significativa de ganancias para el grupo financiero: solo en los primeros nueve meses de 2025, el banco generó utilidades por más de 85,000 millones de pesos, un aumento de 6.5% respecto al mismo periodo del año anterior.
La futura renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) añade un elemento más de complejidad al proceso de sucesión en el CCE. El cargo que eventualmente asumirá el nuevo presidente del CCE será clave en este proceso binacional y, dada la sensibilidad del tema, cualquier señal de alineamiento parcial hacia Washington podría desencadenar resistencias dentro del gobierno mexicano. Este tipo de reacciones podría afectar directamente la interlocución del sector privado con el ejecutivo federal, en especial si existen diferencias en cuanto a políticas económicas y comerciales.
Además del escenario político, el entorno internacional también representa una fuente de estrés para el sistema financiero mexicano. En el sector bancario existe una creciente inquietud debido a indicios de una política más agresiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero. La reciente liquidación de tres entidades financieras tras ser señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico ha encendido alarmas. Según algunos actores del sector, las sanciones se impusieron sin que se presentaran pruebas concretas, un argumento que ha sido expresado previamente por figuras como Claudia Sheinbaum.
El proceso de definición del próximo titular del CCE también se encuentra marcado por divisiones internas y vetos cruzados. Julio Carranza figura como una de las cartas promovidas por Francisco Cervantes, actual presidente del organismo, pero no es la única. También está en consideración Sofía Belmar, quien enfrenta un veto por parte de Antonio Del Valle. Este obstáculo ha motivado intentos de mediación impulsados por Daniel Servitje, otro actor de peso dentro del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Al mismo tiempo, el propio Cervantes analiza una posible transición al Grupo Carso, movimiento que, si bien contaría con el visto bueno de Carlos Slim, podría provocar tensiones con otros integrantes de la familia del empresario mexicano.
