Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, se encuentra actualmente en proceso de extradición hacia México, donde enfrenta diversas imputaciones por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De acuerdo con información emitida el martes 28 de octubre por la Fiscalía General de la República (FGR), Álvarez Puga cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes y es requerido por distintas fiscalías especializadas dentro de la institución.
Las investigaciones formales contra Álvarez Puga abarcan presuntas operaciones financieras irregulares y actos de evasión fiscal vinculados con recursos de procedencia ilícita. La FGR precisa que dichas indagatorias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, ambas pertenecientes a la misma dependencia federal.
Su localización y detención fuera del país fueron posibles gracias a la emisión y publicación de una ficha roja internacional por parte de la INTERPOL, a solicitud de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Esta alerta permitió ubicar a Álvarez Puga en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el 24 de septiembre, según los registros oficiales estadounidenses.
Paralelamente, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR gestionó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Esta petición fue presentada de manera formal al gobierno de los Estados Unidos, permitiendo que las autoridades estadounidenses mantuvieran retenido al imputado en espera de una resolución migratoria.
El 17 de octubre, un juez de migración en Estados Unidos determinó la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga a México. Sin embargo, la defensa del detenido interpuso un recurso legal ante dicho fallo. Por este motivo, el proceso de deportación se encuentra suspendido de manera provisional a la espera de una decisión definitiva. De acuerdo con fuentes oficiales, la audiencia que decidirá sobre su situación migratoria está agendada para el miércoles 12 de noviembre, fecha en la que las autoridades estadounidenses deberán pronunciarse sobre si procede o no su expulsión a territorio mexicano. Las órdenes judiciales emitidas en México continúan vigentes y las autoridades mexicanas mantienen coordinación con interlocutores internacionales para dar cumplimiento a dichas resoluciones.
