El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo el embargo de un equipo de perforación perteneciente a Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, en respuesta a presuntos adeudos fiscales. El equipo, actualmente en operación para Petróleos Mexicanos (Pemex), habría sido intervenido como parte de una medida precautoria administrativa.
De acuerdo con información difundida por el periodista Mario Maldonado, director general de EL CEO, el embargo corresponde a la facultad del SAT para asegurar activos productivos involucrados en actividades económicas relacionadas con créditos fiscales pendientes. La medida, según versiones recabadas entre técnicos y autoridades locales en Veracruz y Tabasco, involucró uno de los 22 equipos de perforación de Carso —empresa que actúa como principal operador privado para Pemex en el ramo.
La acción del SAT representa un movimiento inusual, ya que es la primera vez que la autoridad hacendaria afecta directamente activos de un contratista de alto nivel como Grupo Carso. Fuentes consultadas señalan que la intervención ya tendría efectos operativos en zonas clave, como el campo Ixachi, donde Grupo Carso mantiene un contrato de 1,991 millones de dólares para perforar hasta 32 pozos, con pagos programados a partir de 2027.
Durante los últimos meses, el SAT ha incrementado este tipo de embargos precautorios en contra de proveedores medianos y pequeños de Pemex, principalmente en las regiones de Campeche y Tabasco. Las causas identificadas incluyen adeudos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuotas de seguridad social.
Hasta el momento, ni el SAT ni Grupo Carso han emitido posicionamientos oficiales sobre el embargo. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que la medida ha comenzado a impactar las operaciones de perforación y representa un antecedente relevante para la relación entre el sector privado y el Estado en materia energética y fiscal. El seguimiento de esta situación mantiene la atención sobre las implicaciones para las inversiones privadas y la operatividad de contratistas en el sector petrolero nacional.
