¿Una Vicepresidenta que desborda su encargo?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) atraviesa una hora delicada. En el centro del huracán aparece Aurora Cervantes Martínez, actual vicepresidenta de Normatividad, una funcionaria con 25 años de trayectoria que –según su ficha oficial– llegó para «fortalecer el marco regulatorio». Hoy, sin embargo, su nombre se asocia a dudas sobre extralimitación de facultades, redes de intereses y supervisiones debilitadas que podrían costar millones a los ahorradores mexicanos.
De la norma… a la supervision
El encargo de Cervantes es claro: redactar y actualizar regulación; autorizar productos y revisar el origen de recursos, en coordinación con otras áreas. El problema –señalan voces internas– es que decidió “estirar” ese mandato para involucrarse, de facto, en la vigilancia operativa de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), tarea reservada a otra vicepresidencia. Con esto se rompen líneas de control, se duplican órdenes y, sobre todo, se difumina la responsabilidad cuando algo falla.
El caso CAME: el riesgo hecho realidad
La Sofipo CAME fue intervenida en marzo de 2025 tras detectar maquillaje contable y posibles desvíos. Fuentes internas apuntan a que, mientras la operación se deterioraba, Cervantes seguía “coordinando” reuniones que correspondían a la supervisión especializada. El resultado: más de un millón de clientes sin acceso pleno a sus ahorros y un rescate aún incierto.
Círculo de influencias
No es la única alerta. Testimonios coinciden en frecuentes comidas de la funcionaria con Sandro García Rojas –exdirector de la CNBV, investigado por la UIF– y con Armando Martínez Ramírez, hoy director de supervisión en CAME. El dato cobra relevancia porque García Rojas asesoró dos operaciones llamativas:
Bradesco–Ictineo (2024). La autoridad dio luz verde a la compra de la Sofipo Ictineo por la filial de Bradesco. Internamente se cuestiona si se relajaron filtros sobre el origen de capitales, justamente el escritorio de Cervantes.
DiDi–JP Sofiexpress (2024). La app de movilidad entró al sector vía la adquisición de JP Sofiexpress luego de recibir aprobación regulatoria. Otra vez, García Rojas fue pieza clave y, según fuentes, encontró puertas abiertas en la Vicepresidencia de Normatividad.
Más recientemente, el mismo despacho gestiona revivir la licencia de Impulso para el Desarrollo de México, a fin de venderla a un grupo encabezado por Gabriela Larriva Torres –exdirectora de la fallida Sofipo Coincidir–, un movimiento que, de concretarse, reavivaría los cuestionamientos.
Erosión interna
Al interior de la comisión, la irrupción permanente de Cervantes en materias ajenas ha dejado a otros vicepresidentes –Eugenio Laris González y Ramiro Álvarez Hernández– con funciones “decorativas”. Esa superposición burocrática provoca resoluciones contradictorias y retrasa acciones correctivas en entidades vulnerables.
La réplica oficial
Consultada por la prensa, la propia Cervantes sostuvo que «la vigilancia del cumplimiento normativo recae en las vicepresidencias de Supervisión», insinuando que su oficina solo respalda los procesos. No aclaró, sin embargo, por qué encabeza gestiones propias de supervisión o cómo mitiga el riesgo de captura regulatoria cuando sus asesores participan en los mismos negocios que evalúa.
¿Continuidad o relevo?
Con CAME agonizando, nuevas Sofipos cambiando de manos internacionales y una estructura regulatoria cada vez más fragmentada, la permanencia de Aurora Cervantes luce, cuando menos, problemática. ¿Se trata de una funcionaria visionaria que rompe inercias para modernizar la CNBV, o de una aspirante a la presidencia del organismo que, en su prisa por acumular poder, deja grietas peligrosas en la muralla de la supervisión?
La respuesta, por ahora, sigue en el aire. Pero el costo de equivocarse lo pagarán millones de ahorradores mexicanos y la credibilidad de un sistema financiero que no puede darse el lujo de otro sobresalto.



