El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reiteró en una reciente conferencia de prensa que su visa estadounidense sigue vigente, desmintiendo los informes que sugieren su revocación. Este acto de transparencia surgió en respuesta a un reportaje publicado por Los Angeles Times, donde se señalaba que la visa del gobernador había sido retirada. Ante los medios, Villarreal enfatizó que nunca ha recibido notificación alguna sobre la cancelación de dicho documento, y aseguró que jamás ha utilizado un documento alternativo para ingresar a Estados Unidos.
Durante la conferencia, el mandatario desmintió categóricamente las acusaciones de que el gobierno estadounidense lo está investigando debido a presuntas actividades ilegales relacionadas con el tráfico de combustibles. Villarreal calificó estas acusaciones como intentos de desprestigio, basados en fuentes anónimas y sin pruebas verificables, afirmando que ‘la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas’. Esto evidencia su postura firme frente a las especulaciones publicadas en el reportaje.
El gobernador abordó directamente las afirmaciones del artículo que lo vinculan con el tráfico ilegal de combustibles, conocido en México como ‘huachicol’. Rechazó de manera categórica y contundente cualquier implicación en actividades al margen de la ley, subrayando que jamás ha participado o protegido acciones de dicha índole. Villarreal hizo un llamado a los medios de comunicación para que presenten pruebas concretas antes de dar por sentada la veracidad de tales acusaciones.
Las declaraciones del gobernador surgen tras un artículo que no solo lo implica a él, sino también al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Según la publicación, ambos serían objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses debido a sus presuntas conexiones con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Además, el artículo sostiene que a pesar de la supuesta revocación de sus visas, ambos políticos han podido ingresar a Estados Unidos en el contexto de programas de cooperación política.
De probarse tales investigaciones, representaría una intensificación de la campaña de Washington contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado, teniendo en cuenta las recientes medidas tomadas contra varios funcionarios en Sinaloa. No obstante, Villarreal refutó con insistencia todas las acusaciones, instando al periodismo responsable y a la verificación de información antes de publicar afirmaciones infundadas.
