El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, y de Carlos Alberto “N”, conocido como “La Parca”. Esta acción es parte de una estrategia de seguridad nacional que implica la cooperación entre diversas instituciones federales y estatales, en respuesta a la creciente preocupación por la criminalidad en la región de Oaxaca.
Ambos detenidos enfrentan serias acusaciones que incluyen extorsión agravada y delitos que afectan la seguridad del Estado. Según la información proporcionada por las autoridades, se les relaciona con una red criminal que participa en actividades delictivas como el tráfico de personas, narcotráfico y la extorsión a comerciantes locales. La captura se realizó el 23 de septiembre, cuando los operativos se intensificaron en el área.
La acción se llevó a cabo en un evento oficial en la Secundaria General “Símbolos Patrios”, en Juchitán de Zaragoza, donde el alcalde fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Esta detención se enmarca dentro de la política de Cero Impunidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se considera un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
Las investigaciones previas han permitido a las autoridades identificar a los detenidos como parte de una estructura delictiva más amplia, que se dedica a actividades como el narcomenudeo y el homicidio. Para debilitar su capacidad de operación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas bancarias vinculadas a esta red criminal. Las acciones no cesarán aquí, ya que se busca cumplir órdenes de aprehensión adicionales contra otros diez individuos considerados prioritarios en esta organización delictiva.
Tras su arresto, Miguel Sánchez fue trasladado a la Ciudad de México, donde se espera que sea presentado ante un juez. Su detención ha generado un vacío de poder en la administración municipal, lo que obligará al Cabildo de Juchitán y al Congreso del Estado de Oaxaca a determinar la situación legal del edil y tomar decisiones sobre su sustitución. Este evento se produce en un contexto de creciente violencia en Juchitán, lo que pone de relieve la necesidad de intervenciones más profundas en la seguridad pública de la región.
