En el año 2026, el monto total invertido en la Megafarmacia ha llegado a 17 mil 635 millones de pesos, una cifra que representa un incremento de 39% en comparación con lo reportado en 2024. Este aumento significativo en los costos está generando preocupación entre expertos, quienes destacan la necesidad de una auditoría rigurosa para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este monto incluye la inversión en el terreno, bodegas, acondicionamiento, así como los gastos operativos y de mantenimiento proyectados para las próximas tres décadas.
La Megafarmacia, situada en Huehuetoca, Estado de México, pese a la amplia asignación de recursos, enfrenta problemas infraestructurales, como el socavón en su acceso sur. A pesar de ello, no se han efectuado las reparaciones necesarias, incrementando las dudas sobre la gestión de la inversión. Documentos recientes señalan que, en lugar de abordar esta problemática, el camino fue bloqueado con cascajo por Birmex, empresa responsable de actuar como centro de preparación de pedidos para el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
El incremento en el presupuesto de la Megafarmacia no es un evento aislado. En el año anterior, la dependencia federal había registrado un monto inicial de 15 mil 28 millones de pesos, que también superó las expectativas iniciales. Según la evaluación socioeconómica del proyecto de inversión realizada en 2023, su concepción original como una bodega central para medicamentos no coincidió con la realidad de su operación, ni con las declaraciones inaugurales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien había indicado un costo de arranque de 2 mil 700 millones de pesos. Esta cifra ha sido revisada al alza en varias ocasiones.
La controversia acerca de la utilidad del proyecto continúa, especialmente con expertos, como Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, quienes critican la efectividad del modelo de suministro centralizado de medicamentos. Argumentan que esta estrategia contradice prácticas logísticas modernas y que existían otras soluciones más adecuadas para abordar el desabasto de medicamentos. Almacenar una gran cantidad de fármacos en un solo punto ha generado preocupaciones sobre la eficiencia y el riesgo de esta concentración.
Norma Julieta del Río, antigua comisionada del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), ha enfatizado la urgencia de auditar este proyecto debido a las contradicciones entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Ha señalado que la falta de transparencia ha sido manifiesta desde el principio, con información incompleta y limitada a comunicados oficiales escasamente detallados. La población, explica, desea tener acceso a documentos detallados que especifiquen costos de inversión, proveedores y distribución de medicamentos, lo cual sigue siendo inasequible. Además, recalca que intentos previos de clasificar la información como reservada fueron considerados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
