El exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ha sido exonerado por los delitos del fuero común que pesaban en su contra, abriendo así una puerta para su posible liberación del penal donde se encuentra desde 2018. Sin embargo, Borge continúa enfrentando serias acusaciones a nivel federal, las cuales podrían determinar su futuro inmediato.
Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo desde 2011 hasta 2016, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Panamá mientras intentaba viajar a Europa. Posteriormente, fue extraditado a México el 4 de enero de 2018 y recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos. Su proceso judicial se ha movido en dos vertientes: delitos del fuero común y acusaciones federales.
Los delitos del fuero común están vinculados a su gestión de la paraestatal VIP-Saesa, implicando contratos de servicios aéreos que provocaron un presunto daño al erario superior a los 300 millones de pesos. No obstante, tras recientes decisiones judiciales, Borge ha sido absuelto de estos cargos, lo que elimina un obstáculo significativo para su posible liberación.
Por otro lado, el aspecto más crítico de su expediente reside en el ámbito federal. La Fiscalía General de la República acusa a Roberto Borge de lavado de dinero, relacionado con la venta subvaluada de 22 terrenos pertenecientes a una reserva estatal, operaciones que se estima superaron los 900 millones de pesos. Estas acciones implicaron la transferencia de propiedades a familiares y personas cercanas, lo que configura el principal eje de los cargos que enfrenta actualmente.
La situación legal de Borge se complica aún más con el agregado en marzo de 2023 de una imputación por delincuencia organizada, cargo que a diferencia de los anteriores, no figuraba en la extradición original autorizada por Panamá. Debido a este agregado, se mantiene en prisión preventiva oficiosa, aunque las acusaciones del fuero común hayan sido desestimadas. Así, mientras Roberto Borge obtiene un respiro con la exoneración de delitos locales, permanece bajo la sombra de un futuro incierto por las acusaciones federales en curso.
