La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, tiene planeado asistir este próximo miércoles 27 de mayo a un citatorio expedido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Este llamado por parte de la autoridad federal ha desatado una serie de respuestas por parte de su equipo de defensa, encabezado por el abogado Roberto Gil Zuarth.
Gil Zuarth, quien representa a la gobernadora, anunció que iniciará una denuncia penal contra aquellos responsables que, según él, han procedido penalmente de manera incorrecta al no considerar el fuero constitucional que protege a Campos. Este argumento se centra en que la gobernadora no puede ser sujeta de un procedimiento penal sin que se le haya retirado previamente tal fuero.
El citatorio que recibió Maru Campos no contenía preguntas específicas ni solicitaba información concreta, limitándose a ordenar su presencia en el lugar y tiempo indicado. Según Gil Zuarth, en una entrevista recientemente concedida a Ciro Gómez Leyva, el contenido del documento es problemático por contener elementos contradictorios. Apuesta que, a pesar de ser citada en calidad de testigo, se utilizaron fundamentos legales aplicables para quienes se encuentran bajo investigación formal.
La defensa de Campos sostiene que este citatorio parecería tener el propósito de introducirla en una situación jurídica delicada. Se teme que bajo el pretexto de citarla como testigo, las autoridades podrían intentar considerarla inculpada una vez presente. Gil Zuarth afirmó que debería seguirse un proceso constitucional para que un servidor público de alto rango enfrente cargos penales, el cual incluye una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados, seguida de la intervención del Congreso local.
Ante estos argumentos, el abogado planea presentar una denuncia, haciendo referencia al artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal. Esto, bajo el entendido de que la actuación de la autoridad federal habría ignorado el procedimiento constitucional requerido para avanzar penalmente contra un gobernador en funciones. La posición de la defensa es clara: cualquier avance legal sin seguir estos canales constituye una grave violación de los procedimientos legales establecidos, y la persona que ordenó tal acción deberá enfrentar las consecuencias pertinentes.
