El Grupo Parlamentario del PAN ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusando al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y a la exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, de presunto peculado en la Embajada de México en el Reino Unido. La denuncia señala un posible uso indebido de recursos públicos y está dirigida también contra otras personas que pudieran resultar responsables de delitos, como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento.
Marcelo Torres, diputado del PAN, ha solicitado una investigación profunda por parte de las autoridades para aclarar la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas, así como el uso de recursos públicos asociados a su operación. Según la denuncia presentada, el hijo del entonces canciller habría residido en la residencia oficial de la embajada durante aproximadamente seis meses sin justificación oficial y sin estar relacionado a alguna función o cargo diplomático, situación que ha agravado las acusaciones.
El diputado subrayó que durante la comparecencia del entonces canciller, Marcelo Ebrard, ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, varias preguntas quedaron sin respuesta. Esto, según Torres Cofiño, no solo representa una omisión política sino un desprecio al ejercicio de control parlamentario, un tema que afecta directamente la obligación de rendir cuentas en el servicio público.
Adicionalmente, el PAN ha presentado una denuncia por posibles faltas administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se exhorta a la fiscalía a obtener registros y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos y determinar quién autorizó el supuesto uso indebido de la residencia diplomática, así como quién se benefició de ello.
El partido se compromete a vigilar de cerca el desarrollo del caso para garantizar el deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones según dictan las leyes mexicanas. En palabras de Torres: ‘La rendición de cuentas no es opcional, y México no puede permitir que el silencio o la impunidad prevalezcan en situaciones que afectan gravemente la transparencia y la legalidad en la administración pública.’
