En un sorpresivo giro dentro de la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un peritaje balístico ha sembrado serias dudas sobre la versión oficial presentada inicialmente por la Fiscalía General de Michoacán. Este análisis, encargado por la defensa de los escoltas del alcalde, sugiere que la bala que terminó con la vida del agresor de Manzo fue disparada desde la pistola de un escolta y no desde la misma arma que se utilizó para atacar al alcalde, contrariamente a lo que había declarado previamente la fiscalía.
Encabezada por el fiscal Carlos Torres, la fiscalía había afirmado que el ataque involucró a una única arma, una Pietro Beretta de 9 milímetros, con la que se realizaron siete disparos el 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan. Según las autoridades, seis de estos proyectiles impactaron fatalmente al alcalde Manzo, mientras que el séptimo fue disparado por uno de los escoltas, utilizando la misma pistola del agresor, con el fin de abatirlo. Esta versión ha sido fundamental para las acusaciones contra los escoltas que enfrentan cargos severos debido a su actuación durante el ataque.
No obstante, el peritaje conducido por un criminalista privado contratado por la defensa detalla una narrativa diferente basada en el análisis de los casquillos encontrados en la escena. Según el reporte, seis casquillos hallados correspondían al arma del agresor, identificados por la inscripción ‘Luger Mon’ y las marcas características de cada disparo en forma de ‘C’. Sin embargo, un séptimo casquillo, identificado como indicio 9, fue encontrado en una jardinera cercana y llevaba la marca ‘Águila’, mostrando una huella en forma de punto que concuerda con el arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz.
Este nuevo descubrimiento ha reavivado el debate sobre los eventos sucedidos aquel fatídico día. La defensa ha presentado esta evidencia en el proceso judicial en curso, desafiando las afirmaciones de la fiscalía de que los escoltas no actuaron adecuadamente durante el incidente. El abogado defensor de los escoltas, Gustavo Carreón, ha exigido públicamente que el fiscal Torres justifique con fundamentos científicos su argumento de que el agresor fue abatido con su propia pistola.
A pesar de las contundentes nuevas pruebas ofrecidas por el peritaje independiente, el fiscal Carlos Torres se ha mantenido firme en su postura original, desestimando el informe pericial alternativo presentado por la defensa. En una reciente rueda de prensa, el fiscal subrayó que la decisión final sobre el caso estará en manos del juez encargado, mientras los escoltas siguen enfrentándose a la posibilidad de enfrentar penas de hasta 50 años de prisión si se encuentra evidencia de dolo en su actuación como oficiales de seguridad durante el atentado al alcalde Manzo.
