Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario mexicano, se encuentra actualmente en un intenso proceso de conciliación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar las condiciones en las que liquidará un importante adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos. Esta cifra, que representa una carga significativa en términos de obligaciones tributarias, tenía como fecha límite de pago el viernes pasado. No obstante, el empresario optó por no efectuar el pago, eligiendo en su lugar continuar las negociaciones en busca de beneficios contemplados en la legislación vigente.
Durante una conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre la situación fiscal de Salinas Pliego. En respuesta, detalló que el jueves precedente, el Grupo Salinas había formalmente expresado al SAT su deseo de saldar el adeudo, abriendo así la puerta a un análisis detallado tanto del monto a cancelar, como de los posibles descuentos que podrían ser aplicados.
La mandataria también aclaró que, pese al incumplimiento del plazo inicialmente fijado, aún es posible que Salinas Pliego acceda a los beneficios fiscales previstos, dado que ha mostrado disposición para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, la Presidenta sostuvo que cualquier decisión tomada estará completamente en línea con lo dictado por la Ley, asegurando transparencia y legalidad en el proceso.
El compromiso de resolver la situación esta misma semana fue reafirmado. Declaraciones oficiales indicaron que, con base en una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Grupo Salinas podría obtener ciertos beneficios fiscales, siempre que cumpla con lo estipulado por los tribunales colegiados en resoluciones recientes.
Se ha confirmado que las discusiones continúan activamente, con mesas de trabajo establecidas entre Grupo Salinas y las autoridades del SAT. Durante este tiempo, Ricardo Salinas Pliego ha mantenido un perfil público reservado en torno a este tema, prefiriendo no hacer declaraciones formales mientras se lleva a cabo el proceso de negociación. Este caso resalta una vez más las complejidades de las relaciones entre grandes contribuyentes y la Hacienda Pública en México.
