El **despliegue intensificado de agentes migratorios** y el persistente aumento en los costos de vida han generado una atmósfera de inquietud dentro de las comunidades latinas durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Varias organizaciones civiles latinas han manifestado su preocupación por estas situaciones, señalando las políticas de la actual administración como factores principales.
Un año después de su regreso a la Casa Blanca, favorecido por casi la mitad del electorado latino, **Trump enfrenta una desaprobación creciente** que ha alcanzado el 64%, según Janet Murguía, presidenta de UnidosUS. Murguía indicó en su pronunciamiento que la desaprobación se debe en gran parte a la gestión económica del presidente y a las políticas de deportación implementadas.
Las comunidades latinas perciben una **amenaza a sus derechos civiles y libertades**, culpando a la administración actual por no dar suficiente enfoque a los temas económicos que afectan a su vida diaria. En las elecciones de noviembre de 2024, el 48% de los votantes hispanos apoyaron a Trump, un porcentaje significativo comparado con el 51% que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según datos del Pew Research Center.
Katharine Pichardo, presidenta del Latino Victory Fund, criticó a Trump por no priorizar la reducción del costo de vida, argumentando que en su lugar, el mandatario ha centrado su atención en las **prioridades equivocadas**, lo que ha causado ansiedad en las comunidades latinas. Pichardo enfatizó que el primer año del segundo mandato de Trump ha sido visto como un fracaso por una mayoría de estadounidenses, reflejado en la disminución de su apoyo.
Organizaciones como Voto Latino han atribuido la caída en popularidad de Trump al despliegue agresivo tanto del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) como de la Guardia Nacional, resultando en la **militarización de las ciudades** y deportaciones polémicas que supuestamente violan el debido proceso. Esta situación, junto a las más de 500 medidas migratorias aprobadas en el primer año de su segundo mandato, ha llevado a más de 622,000 deportaciones, superando incluso el total de su primera administración, de acuerdo con el Migration Policy Institute.
