La detención del director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, tuvo lugar en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, en la mañana de este viernes. Esta acción se llevó a cabo por elementos de la fiscalía de Nuevo León, con el respaldo de la Guardia Nacional, generando inquietud debido al carácter aparentemente irregular del procedimiento.
El arresto se efectuó alrededor de las 10 de la mañana, en un operativo que ha sido calificado por algunos como arbitrario. Las autoridades locales justificaron la detención bajo el argumento de que el director no atendió una notificación del Ministerio Público. Sin embargo, la peculiaridad del lugar de detención, Monterrey, en lugar de Saltillo, donde Castilla Galindo reside, ha suscitado dudas sobre la vigilancia a la que podría estar sometido.
Abogados consultados han explicado que el método de la detención parece alinearse con tácticas utilizadas por algunas fiscalías que, bajo ciertas instrucciones, crean casos de supuesta rebeldía para justificar arrestos. Este enfoque ha generado una serie de cuestionamientos sobre la integridad del proceso judicial en casos que involucran a personalidades de medios de comunicación.
Este incidente forma parte de un patrón más amplio de presuntos acosos judiciales contra Grupo Vanguardia y su director, con antecedentes de denuncias sobre presiones y demandas legales desproporcionadas. Esta intensificación de acciones legales ha sido percibida como parte de un esfuerzo más amplio para reprimir la libertad de prensa y coartar el ejercicio periodístico independiente.
La situación del director de Grupo Vanguardia se destaca como un ejemplo de los desafíos que enfrenta la prensa en México. En un entorno donde el poder político ejerce una influencia considerable, los medios que mantienen un enfoque crítico o independiente pueden enfrentar adversidades significativas, haciendo de la búsqueda de la verdad una tarea crítica y cada vez más compleja.
