En un giro inesperado dentro de la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un peritaje en balística ha puesto en entredicho la versión oficial de los hechos ofrecida por la Fiscalía General de Michoacán. Según este nuevo análisis, la bala que causó la muerte del agresor de Manzo provino de la pistola de un escolta y no de la misma arma utilizada para atacar al alcalde, como inicialmente había declarado la fiscalía.
La versión de la fiscalía, encabezada por Carlos Torres, indicó inicialmente que el ataque, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan, involucró a un solo arma: una Pietro Beretta 9 milímetros con la que se realizaron siete disparos. Seis de estos proyectiles impactaron al alcalde Manzo, mientras que el séptimo, según las autoridades, fue disparado por uno de los escoltas del edil utilizando la misma pistola del atacante para abatirlo.
Sin embargo, un peritaje solicitado por la defensa de los escoltas y realizado por un criminalista privado detalló que los casquillos encontrados en la escena ofrecen una narrativa diferente. Seis casquillos corresponden al arma del atacante, cada uno marcado con la inscripción ‘Luger Mon’ y con marcas características en forma de ‘C’. No obstante, el séptimo casquillo, catalogado como indicio 9 y encontrado en una jardinera cercana, lleva la marca ‘Águila’ y presenta una huella en forma de punto, coincidiente con la pistola de cargo del escolta Demetrio de la Cruz.
Esta nueva evidencia ha reabierto el debate sobre los eventos exactos de aquella trágica jornada. La defensa presentó el dictamen balístico como prueba en el proceso judicial actual, refutando las acusaciones de la fiscalía de que los escoltas actuaron con omisión en el asesinato de Manzo. El abogado defensor, Gustavo Carreón, ha pedido públicamente que el fiscal Torres justifique científicamente sus afirmaciones respecto al arma utilizada.
Pese a las nuevas pruebas presentadas, el fiscal Carlos Torres mantiene su postura, desestimando el informe pericial de la defensa y reafirmando que el asesino fue abatido con su propia pistola. Durante una reciente conferencia de prensa, el fiscal expresó que la decisión final la tendrá que tomar el juez asignado al caso, mientras que los escoltas continúan enfrentando la posibilidad de severas penas de hasta 50 años de prisión si son hallados culpables de dolo en el desempeño de sus funciones de seguridad.
