Estados Unidos ha iniciado formalmente el proceso legal para confiscar una carga de 1.6 millones de barriles de crudo pesado extraído en Venezuela, transportado a bordo del buque Skipper, el cual fue incautado recientemente cerca de las costas venezolanas. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el cargamento será trasladado a un puerto de Estados Unidos donde continuará el procedimiento judicial correspondiente, conforme a la legislación vigente.
El buque Skipper, clasificado como un petrolero de crudo muy grande (VLCC), fue interceptado por fuerzas estadounidenses el día anterior bajo acusaciones de transportar petróleo destinado a países o regímenes considerados hostiles o vinculados con el financiamiento de actividades terroristas. Según autoridades estadounidenses, la embarcación navegaba sin una nacionalidad definida y utilizaba de forma irregular la bandera de Guyana, país en el que no está registrada oficialmente. Esta práctica es común dentro de la llamada ‘flota oscura’, un conjunto de buques que operan al margen de los controles internacionales para evadir sanciones.
La fiscal Pam Bondi indicó que la incautación se realizó de forma segura y se relaciona con una investigación más amplia sobre redes de transporte marítimo que respaldan economías sancionadas o vinculadas con organizaciones ilícitas. Antes de la operación, el Skipper habría transferido aproximadamente 200,000 barriles de crudo a otra embarcación, dejando los 1.6 millones de barriles que fueron confiscados en el momento del abordaje. Las autoridades estadounidenses están examinando la documentación y entrevistando a la tripulación del buque como parte del proceso investigativo.
El cargamento de crudo tiene origen venezolano y constituye un bien sujeto a sanciones económicas impuestas previamente por Estados Unidos a la industria petrolera de ese país. Desde la imposición de esas medidas, numerosas embarcaciones han sido documentadas operando sin bandera oficial o alterando su señal GPS para evadir controles y transportar crudo sancionado por el gobierno estadounidense.
En respuesta al decomiso, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que calificó la operación como un acto de piratería internacional. Las autoridades venezolanas alegan que la confiscación representa un intento deliberado de apropiación de recursos energéticos del país sudamericano. Mientras tanto, desde Washington se reiteró que no hay planes para una intervención militar prolongada en la región, y se enfatizó que el objetivo continúa siendo la interrupción de flujos ilícitos de mercancías y el cumplimiento de las normas internacionales.
