El presidente Donald Trump firmó el miércoles 19 de noviembre una nueva legislación que obliga al gobierno federal a divulgar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein dentro de los próximos 30 días. Esta decisión se produjo tras una creciente presión política proveniente de sectores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, después de meses de resistencia inicial por parte del Ejecutivo.
La ley establece que el Departamento de Justicia deberá publicar de manera íntegra los documentos relacionados con Epstein, su red de contactos y las investigaciones en torno a su muerte ocurrida en una prisión federal en 2019. Aunque se permitirán algunas redacciones para proteger a víctimas o preservar la confidencialidad de investigaciones federales aún abiertas, la legislación prohíbe bloquear información por motivos de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política.
Este avance legislativo representa un giro significativo frente a las posiciones defendidas anteriormente por la administración Trump sobre el tema. Tan recientemente como la semana anterior a la firma, funcionarios del gobierno habían dialogado con líderes legislativos que promovían la liberación de los archivos, incluyendo a la representante Lauren Boebert, aunque sin lograr modificar sus posturas. Durante el fin de semana previo a la promulgación, el presidente cambió abruptamente de posición al considerar que este asunto se estaba volviendo una distracción para la agenda del Partido Republicano.
La iniciativa legislativa fue aprobada con una votación casi unánime en el Congreso. La Cámara de Representantes votó a favor con un resultado de 427 votos contra 1. El único voto en contra fue del congresista Clay Higgins, quien expresó preocupaciones sobre la posibilidad de filtrar información sobre personas inocentes mencionadas durante las investigaciones. Posteriormente, el Senado aprobó la ley de forma unánime sin necesidad de una votación formal.
El caso Epstein ha sido motivo de atención pública y política debido a los vínculos del financista con figuras prominentes de la élite internacional, incluyendo a Donald Trump. No obstante, el presidente ha reiterado en diversas ocasiones que desconocía las actividades delictivas de Epstein y que había cortado relaciones con él desde hace años. La promulgación de esta legislación también responde a años de teorías surgidas en sectores aliados a Trump sobre un supuesto encubrimiento gubernamental en torno a los archivos relacionados con Epstein.
